El Congreso Español aprobó el 26 de noviembre pasado la reforma a la Ley de Extranjería, con la que se abrirá un expediente de expulsión a las víctimas extranjeras de violencia de género en situación irregular.
De acuerdo con asociaciones feministas y de defensa de los derechos humanos, con esta aprobación se perdió la oportunidad de dar mayor protección y paliar la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran muchas mujeres migrantes ante la violencia de género.
En el debate sobre la reforma a la ley, defensores y defensoras de la iniciativa gubernamental destacaron como un paso positivo que ésta otorgue un permiso provisional de residencia y trabajo a aquellas mujeres víctimas de violencia de género por circunstancias excepcionales -es decir, mientras dure el procedimiento judicial-.
Pero muchas de éstas, como SOS Racismo,la ComisiónEspañola de Ayuda al Refugiado (CEAR)y Andalucía Acoge, lamentaron que la reforma migratoria no haya terminado con el trato diferenciado entre mujeres extranjeras y autóctonas, al mantener que se abrirá un expediente de expulsión a aquellas mujeres migradas que, estando en situación irregular, acudan a denunciar malos tratos.
El expediente se suspenderá durante el juicio, pero se reanudará en caso de que no haya una condena contra el maltratador.
La CEAR lamentó que la Ley de Extranjería establezca expresamente la violencia de género como el único delito que al denunciarse conlleve la apertura de un expediente en caso de situación de irregularidad del denunciante.
Otras organizaciones como SOS Racismo Gipuzkoa (País Vasco) ya habían denunciado que las mujeres extranjeras «están dramáticamente sobreexpuestas respecto a las mujeres autóctonas y que, además, esta sobre-exposición no sólo no se reduce sino que tiende a incrementarse».
«La situación administrativa propia y la de la pareja o expareja; la estructura familiar y las implicaciones de los procesos de reagrupación; la falta de redes familiares y sociales de apoyo con las cuales contar para informarse y disponer de auxilio; las barreras lingüísticas; la dependencia económica respecto del agresor; la percepción de las instituciones públicas más como amenaza que como fuente de protección; son algunos de los factores que consideramos que inciden en que este colectivo de mujeres se encuentre especialmente expuesto ante los abusos y a que éstos puedan quedar impunes», afirmó SOS Racismo Gipuzkoa.
«Con este proyecto sigue habiendo víctimas de primera y de segunda categoría, puesto que dejar abierta la posibilidad de reabrir el expediente de expulsión en caso de que la sentencia no dé la razón a la víctima actuará como un ingrediente más para alimentar el miedo a denunciar», dijeron, por su parte, la federación de asociaciones de SOS Racismo en el Estado español.
10/MM/RP/LR/LGL
