Una agrupación internacional de defensores de los derechos humanos inició esta semana un recorrido en comunidades indígenas de influencia del EZLN para documentar una serie de denuncias de abusos a sus derechos más elementales.
El español Ignacio García, cabeza de la Comisión Civil Internacional de Observación a los Derechos Humanos, explicó a periodistas que con sus 51 compañeros de 9 países se repartirán en grupos a lo largo de la semana para inspeccionar la situación en la zona de conflicto.
Las aldeas contempladas en su agenda son La Realidad (Las Margaritas), La Garrucha (Ocosingo), Roberto Barrios (Palenque), Polhó y Acteal (ambas en Chenalhó), aunque igualmente sostendrán reuniones con grupos opuestos a los rebeldes para conocer sobre sus problemas.
En el auditorio universitario de esta ciudad de los Altos, García señaló que «la Comisión es autónoma e independiente de cualquier institución, organización política o religiosa, es diversa en su participación por personas y países, no tiene una definición ideológica homogénea».
Además de que cada uno de sus integrantes «es libre de su pensamiento y nos une un compromiso claro: la defensa radical de los derechos humanos, frente abusos de poder y actuaciones irregulares y (con) un respeto a la inmensa riqueza cultural de este país», agregó.
Su compañero, Joan Boucells Lladós, también español, añadió, que al igual que les interesan los abusos cometidos en el estado de Chiapas, quieren saber qué ocurre con los conflictos sociales en San Salvador Atenco y con el de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
García dijo que la intención de la agrupación internacional es documentar detalladamente la situación de derechos humanos en las comunidades indígenas chiapanecas para elaborar un informe. Y que es la sexta ocasión en 10 años, desde su primera visita a partir de la masacre de 45 indígenas de Acteal a manos de un grupo paramilitar priista, en diciembre del 1997.
Una poderosa razón para regresar a Chiapas es conocer en qué medida el gobierno estatal, desde el actual y los anteriores, han dado cumplimiento a las recomendaciones que han hecho, aseguró.
Sin embargo, aunque ha habido avances notables, no han sido como hubieran querido, sobre todo porque en decenas de comunidades simpatizantes del EZLN, las denuncias de abusos cometidos por grupos paramilitares ligados al gobierno se dan constantemente, apuntó.
En esta ocasión, los defensores extranjeros pretenden reunirse con integrantes de la priistaOrganización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos OPDDIC, que operan en las regiones de los altos, selva, norte y fronteriza con Guatemala.
En este sentido, el español recordó que en una visita anterior se habían reunido con el entonces diputado local priista, Samuel Sánchez, uno de los dirigentes del grupo paramilitar Paz y Justicia, actualmente encarcelado en la prisión de alta seguridad El Amate, en el municipio Cintalapa.
La masacre de Acteal continúa siendo una asignación pendiente de la justicia mexicana, por esa razón, a una década del suceso, y a pesar de que hay varios implicados recluidos en cárceles estatales, sus principales autores están libres, evidenciando con eso la impunidad existente. Es por eso que decenas de agrupaciones defensoras de los derechos humanos consideran el caso de lesa humanidad, por las condiciones en las que se dio.
Los integrantes de la Comisión Civil rindieron un minuto de silencio en respeto a la memoria de todas aquellas personas que han muerto en conflictos sociales y políticos en México.
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