«La guardería no solamente ayuda a resolver el aspecto social de la mujer a su incorporación al trabajo, sino que es una aportación muy valiosa para garantizar que las niñas y los niños estén seguros… la guardería no solo asume el cuidado profesional y la prevención sino que la vida en la guardería va generando en torno a las niñas y los niños una atmósfera que les proporciona un sentido de seguridad y equilibrio…».
Esta es la propaganda sobre el servicio de guarderías que da el IMSS y que fundamenta la instalación de 1562 guarderías para una población infantil de 228 mil 503 personitas entre 45 días y hasta 4 años de edad.
Todo lo que se escriba sobre el escalofriante y acongojador hecho suscitado en la Guardería ABC concesionada a empresarios particulares por el IMSS, del municipio de Hermosillo, Sonora, será insuficiente respecto del clamor que hoy debería estar en las calles de todo el país para exigir justicia y medidas urgentes de supervisión a todas las demás estancias públicas y privadas que pudieran estar en las mismas condiciones de la que hoy está de luto por la muerte aterradora de cuando menos 44 niñas y niños.
Se nos dice que esta guardería tiene adscritos 192 menores de edad, pero que el día de la tragedia estaban menos de 140 niñitas y niñitos quienes tienen asignados para su cuidado a 25 empleados.
El incendio, se dice, se provocó en una bodega contigua propiedad de la SHyCP Pero el problema no es el incendio del predio vecino, sino las condiciones físicas en las que se encontraba la guardería instalada en un galerón industrial y que albergaba a pequeñitas y pequeñitos hijos de familias trabajadoras del sur de Hermosillo.
Frente a este hecho surgen muchas preguntas: ¿Por qué no se activaron las alarmas de incendio y de humo? ¿Dónde estaba el personal de la guardería? ¿Dónde estaban los extinguidores y cuántos tenía la guardería? ¿Por qué si contaban con una puerta, una sola puerta, de salida de emergencia, no se abrió frente al desastre? ¿Quién verificó la construcción de la guardería y autorizó que se utilizaran láminas de asbesto, producto cancerígeno impropio para esta construcción? ¿Qué profesional estuvo al cargo del diseño y acondicionamiento de la guardería que la dejó sin ventanas y la proveyó de materiales peligrosamente inflamables?
Qué autoridad confiable podrá dilucidar las responsabilidades del IMSS, porque es la institución que subroga la concesión a particulares previo cumplimiento, se supone, de requisitos. Las responsabilidades de la Unidad Estatal de Protección Civil que está subordinada a la Secretaría de Gobierno del estado de Sonora; y la responsabilidad de las instancias municipales de Hermosillo que tienen que verificar también la prevención en caso de desastres.
La Ley de Protección Civil de Sonora señala que corresponde a la Unidad Estatal de Protección Civil del estado salvaguardar a las personas, su entorno y patrimonio, así como el funcionamiento de servicios vitales y estratégicos en caso de riesgos, emergencia, siniestro y desastre.
Entre sus atribuciones destaca realizar actos de inspección a fin de constatar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la construcción de unidades internas, entre las que se encuentran edificaciones con habitaciones colectivas para más de veinte personas como asilos, conventos, internados, instituciones educativas en todos sus niveles, maternidades, etcétera.
Las unidades de protección civil en cada municipio, efectivamente, definen participación de los bomberos en cada lugar. En esta situación concreta hay faltas que abarcan a los tres niveles de gobierno que no pueden eludir.
Frente al hermetismo sobre las causas del incendio y qué autoridades tienen cada una responsabilidad por comisión o por omisión, solo intuimos que si hubiera habido personal suficiente, sistemas de prevención oportuna, instalación adecuada del inmueble, materiales de construcción adecuada para la atención de estas personitas en cada uno los salones, un programa de prevención y riesgo que funcione permanentemente para el desalojo inmediato de desastres, entre otras cuestiones prevenibles, se hubiera logrado una respuesta inmediata y suficiente para el resguardo de las vidas de cada una de las y los niños de la guardería ABC y quizá hoy no estaríamos literalmente impactados frente a la muerte de estas personitas quienes por su edad estaban totalmente a expensas del cuidados de personas adultas.
Si hubiera habido suficientes ventanas como las que se esperaría de cualquier institución de este tipo, se hubieran roto y el humo no hubiera asfixiado a muchas criaturas; si hubiera habido más puertas de salida de emergencia, al abrirlas hubieran podido entrar más personas a ayudar para el resguardo del peligro inminente; si se hubieran activado extinguidores, se abría sofocado el incendio lo suficiente para sacar a las criaturas; si los materiales que se usaron no hubiesen sido tan inflamables hoy estaríamos solo corroborando los daños físicos de lugar; si se hubiesen seguido reglas elementales y de sentido común de construcción de las estancias que abrigan a niñas y niños previendo y previniendo cualquier situación de emergencia futura, hoy solo estaríamos frente al susto… Si se hubiera tapado el pozo, no se hubiera ahogado el niño.
La realidad es verdaderamente preocupante y solo provoca incapacidad y gran desasosiego, porque observamos que instintivamente algunos estados anuncian la verificación de cualquier irregularidad en otras guarderías.
Alertamos que el problema no se resuelve actuando en la improvisación sino delineando políticas de prevención integrales en todo el país, de revisión de las concesiones para la instalación en general de todos los espacios que alberguen a población infantil.
Es necesario dejar la demagogia oficial que engrosa números de niñas y niños a los cuales se les «otorga» este derecho, cuando el mensaje de la guardería ABC es que dejar en estos lugares a nuestras hijas e hijos es verdaderamente peligroso. Para empezar, lo primero que debe hacerse es dirimir la diferencia una de guardería a una estancia infantil instalada desde una visión educativa integral y sustentable para ser congruentes con el marco legal que fundamenta este derecho.
Hoy todas las autoridades se echan la bolita. Por respeto a cada una de estas criaturas muertas y las que vivirán en condiciones realmente adversas derivada de una situación totalmente prevenible, se debería reconocer, en primer lugar, que hay omisiones en el cumplimiento de la protección civil de la que forma parte elemental la instalación adecuada de estos servicios derivados de la exigibilidad de un derecho.
Y, en segundo lugar, que es necesario proceder oficial y escrupulosamente a revisar en todo el país las condiciones de cada instancia o institución en donde haya niñas o niños y dejar a la reparación del daño como un ultimísimo recurso.
* Ex diputada federal en la LIX Legislatura por el Partido de la Revolución Democrática, consultora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
09/APG/GG
