La senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Angélica de la Peña, presentó ante el pleno de la Cámara alta una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), a fin de hacer operable la Alerta de Violencia de Género (AVG).
De aprobarse la propuesta legislativa –que fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género–, quedarían sin efecto las recientes modificaciones al reglamento de la norma que también pretenden agilizar la declaratoria de AVG.
A una semana de que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) publicó una convocatoria nacional para integrar a dos académicas o académicos al Grupo de Trabajo que definirá la procedencia de la AVG (con lo que se harían efectivos los cambios de noviembre de 2013 al reglamento), la senadora De la Peña planteó una reforma a la Ley General de Acceso que derivaría en una nueva modificación a la norma secundaria.
La legisladora perredista impulsó en su momento junto con otras expertas y feministas como Marcela Lagarde y de los Ríos, la creación de la LGAMVLV que finalmente entró en vigor en febrero de 2007.
En su iniciativa, De la Peña recordó que la AVG fue conceptualizada como un conjunto de acciones de “emergencia” para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.
Por ello propuso que sea un “comité de expertas” el que analice y emita un informe de todas las solicitudes de AVG, y que además establezca medidas provisionales de protección y prevención.
El proyecto de reforma estipula que será la Secretaría de Gobernación (Segob) la responsable de determinar con base en ese informe la procedencia o no de la AVG.
De la Peña advirtió que la reforma al reglamento del 25 de noviembre de 2013 “si bien se considera una voluntad del Poder Ejecutivo por perfeccionar este mecanismo, no se traduce en una verdadera eficacia de la Alerta”.
Explicó que a pesar de la creación de un Grupo de Trabajo que se define como “un órgano colegiado”, se puede anticipar que las facultades y atribuciones de las personas que lo integren no son horizontales e igualitarias, pues la coordinación del grupo y quien tiene el voto de calidad final recae en el Inmujeres de nueva cuenta.
Por otro lado –abundó– se proponen acciones previas a la declaratoria de AVG que dilatarían la afectividad del mecanismo.
Y es que el Reglamento de la LGAMVLV ahora define que el Grupo de Trabajo se conformará por una persona representante del Inmujeres y una de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), así como una representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
A ellas se sumarán dos representantes de una institución académica o de investigación especializada en violencia contra las mujeres, ubicadas en el estado donde se solicite la AVG, dos representantes de una institución académica o de investigación de carácter nacional, y una representación del instituto de la Mujer estatal que corresponda.
En contraste, De la Peña propuso la creación de un “comité de expertas” integrado por una académica en violencia de género y derecho internacional de los Derechos Humanos (DH); una experta en evaluación y diseño de políticas públicas; otra especializada en procuración y administración de justicia, y una experta en seguridad ciudadana.
A todas ellas se sumaría una defensora o activista por los DH con amplia y reconocida trayectoria.
La perredista también buscar reformar el artículo 5 de la LGAMVLV para adicionar una fracción XI que contenga la definición de violencia sistémica, entendida como “la violencia que se traduce en hechos constitutivos de delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad cometidas en contra de niñas y mujeres por razones de género”.
En agosto de 2013, grupos civiles, expertas y académicas se pronunciaron a favor de una reforma integral (tanto al reglamento como a la ley) para lograr la aplicación de la AVG, pero se realizó sólo una modificación a la norma secundaria que ha sido ampliamente cuestionada.
Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha señalado que en el proceso para declarar la Alerta se excluye a las organizaciones civiles.
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