Al contrario de promesa de Peña, defensoras no viven “en paz”

Pese a la promesa presidencial –realizada en 2012– de construir un “México en Paz”, en el país la inseguridad y la violencia constituyen un contexto de riesgo para la población, especialmente para las mujeres defensoras de Derechos Humanos (DH).
 
En su boletín informativo “¿México en Paz? Estrategia de seguridad y Derechos Humanos”, la organización Brigadas de Paz Internacional (PBI, por sus siglas en inglés) llamó al Estado mexicano a garantizar la integridad física y psicológica de las personas defensoras y familiares de víctimas que luchan por el respeto a los DH.
 
En la publicación, PBI recordó que al inicio de su gestión Enrique Peña Nieto anunció una nueva estrategia de seguridad, presentada bajo el lema “México en Paz”, como uno de los ejes centrales del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018, y desde ese momento ha emprendido reformas y acciones contra la violencia.
 
No obstante, en el país persiste e incluso se ha agravado el contexto de impunidad, violencia y violaciones a los DH que ha puesto en mayor riesgo a las personas defensoras de las garantías humanitarias.
 
PBI identificó como grupos especialmente vulnerables a las mujeres defensoras, a quienes defienden a la población migrante, las y los defensores comunitarias, y quienes pelean contra la impunidad.
 
“Al denunciar violaciones de Derechos Humanos y combatir la impunidad, las personas defensoras afrontan directamente las causas y consecuencias de la estrategia gubernamental de seguridad, y se vuelven blancos específicos de una variedad de actores”, alertó la organización internacional.
 
En el boletín se retoma la información de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, que reporta 104 casos de agresiones a personas defensoras documentados entre 2011 y 2013. 
 
De acuerdo con PBI, la mayor vulnerabilidad que enfrentan las mujeres defensoras se debe a que en las sociedades marcadas por la violencia de género, como México, ser defensora humanitaria significa “desafiar las normas y estereotipos culturales que limitan la participación de las mujeres”, apuntó la agrupación.
 
“Significa realizar esta labor en condiciones de desigualdad, ya sea por el poco reconocimiento social a su aporte, por la carga de trabajo doméstico y de cuidado que deben asumir, por los elevados índices de discriminación y violencia contra las mujeres, entre otros factores que inhiben su participación en la vida pública”, agregó.
 
A lo que se suma que ellas son invisibilizadas en las valoraciones generales sobre la situación de seguridad que enfrentan.
 
PBI consideró que si las personas defensoras no cuentan con el suficiente espacio y las suficientes garantías de seguridad, no será posible “promover cambios sociales, y la transición hacia un Estado de Derecho y una democracia”.  
 
Por lo que llamó al Estado mexicano a garantizar la plena seguridad de las personas defensoras, pues al hacerlo “se permite la transición a los cambios sociales que ellos están promoviendo para mejorar la situación de Derechos Humanos en el país”.
 
También pidió poner fin a la impunidad y asegurar una procuración efectiva de la justicia en los casos de violaciones de DH, y agresiones contra personas defensoras; consolidar el sistema judicial para asegurar investigaciones, juicios y sanciones apegadas a los estándares internacionales; y asegurar un trato “digno y sensible” a cualquier persona que denuncia una transgresión a las garantías fundamentales.
 
Así como reconocer el legítimo papel de las personas defensoras; consultar e incluir a activistas para asegurar una perspectiva de DH en las políticas públicas; e implementar las recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los diversos mecanismos de Naciones Unidas, incluido el Examen Periódico Universal (EPU), entre otras acciones.
 
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