Bajo el llamado de ¡No más violaciones de nuestros derechos!, este año se conmemora el 28 de septiembre –Día Internacional por la Despenalización del aborto en América Latina y el Caribe– en un entorno de retrocesos para los derechos humanos de las mujeres en la región que, como hace dos décadas, continúan luchando por la restitución de sus derechos y para ejercer una maternidad libre y voluntaria.
América Latina y el Caribe han sido señaladas como la región con legislaciones más restrictivas y severas contra el aborto; sin embargo, esto no impide que se continúen realizando abortos en condiciones clandestinas.
Por la clandestinidad en la que son realizados la mayoría de los abortos es difícil precisar las cifras de mujeres que abortan.
De acuerdo con datos de la organización especializada en derechos sexuales y reproductivos IPAS, cada año se realizan cerca de 900 mil interrupciones del embarazo en condiciones inseguras en México y Centroamérica, mientras que en América del Sur la cifra asciende a tres millones.
En cuanto a la muerte materna asociada al aborto inseguro, refiere que la cifra se ubica en el 21 por ciento en la región. De cada tres muertes maternas, una es por aborto.
El día por la despenalización del aborto se conmemora desde 1990, cuando en el marco del V Encuentro Latinoamericano Feminista, realizado en Argentina, las mujeres del movimiento de salud latinoamericano y caribeño decidieron establecerlo para afirmar la reivindicación histórica de las mujeres por la libertad reproductiva y por el control del propio cuerpo.
Un aspecto primordial de esta campaña consiste en rescatar el concepto de las mujeres como sujetas de derechos, como ciudadanas sobre sus cuerpos y como poseedoras de autonomía y libertad para tomar decisiones en este terreno.
LEGISLACIONES LATINOAMERICANAS
Pese a lo anterior, las mujeres no son consideradas sujetas de derechos y con las legislaciones restrictivas se les condena a morir por abortos realizados en condiciones clandestinas e insalubres o a una maternidad forzada.
Las legislaciones que prohíben el aborto –excepto cuando peligra la vida o la salud de la mujer– son las de Guatemala, Belice, Costa Rica, Panamá, Haití, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia y Argentina.
Cuando es producto de violación o por razones socioeconómicas Guatemala y Colombia no lo penalizan.
En Venezuela, Paraguay y Uruguay se contempla la no penalización del aborto por «cuestiones de honor». Mientras que en El Salvador, Honduras y Nicaragua no se permite bajo ninguna circunstancia.
Los países que permiten la ILE por cualquier motivo antes de las 12 semanas de gestación son Cuba, Puerto Rico y recientemente la ciudad de México.
Sin embargo, pese a que en 2007 se logró este avance para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el Distrito Federal, en 15 entidades federativas se hicieron modificaciones a nivel constitucional para proteger la vida desde el momento de la concepción-fecundación y en los Códigos Penales para sancionarlo aun por razones que pongan en riesgo la salud o la vida de la mujer.
Desde hace dos décadas también el movimiento de mujeres latinoamericanas y del Caribe han insistido en que a más anticoncepción menos aborto, pero poco alentadores han sido los resultados en la región.
La última encuesta realizada sobre anticoncepción en Latinoamérica data de 2008 y estuvo a cargo del Centro Latinoamericano Salud y Mujer (Celsam) e IPAS; en ella, especialistas en derechos sexuales y reproductivos revelan que el grueso de las latinoamericanas continúan sin utilizar métodos anticonceptivos.
El 32 por ciento de mujeres de entre 13 y 45 años declaró no utilizar ningún método anticonceptivo; en el rango de 15 a 19 años el porcentaje se ubicó en 62 por ciento.
La encuesta también puso de manifiesto que el 66 por ciento de los embarazos ocurre en mujeres que no utilizan ningún método, por lo que señala que a mayor utilización de éstos, menor el número de abortos practicados en condiciones clandestinas.
09/LGL/LG
