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Alianzas PRI y PAN en contra de la salud sexual y reproductiva

Por Gladis Torres Ruiz

En más de la mitad de los estados de la República Mexicana, las fuerzas conservadoras legislaron este año contra el derecho de las mujeres para ejercer una maternidad libre y voluntaria.

En materia de salud sexual y reproductiva el saldo de este año para las mexicanas es negativo. Durante todo el año, la alianza coyuntural de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), apoyados por el Verde Ecologista de México (PVEM), aprobaron en 18 congresos, de igual número de estados, leyes que protegen la vida desde el momento de la concepción y criminalizan el aborto.

A decir de la Coalición por la Salud de las Mujeres (CSM), en donde convergen 12 organizaciones, las reformas realizadas en más de la mitad del territorio nacional impactarán en las políticas públicas en temas como acceso real en los servicios públicos al aborto previstos en las causales existentes.

Además de que violentan el Artículo 4 de la Constitución, escrito en los años 70, y que establece que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de espaciamiento de sus hijas e hijos”.

Aparte de criminalizar el aborto, en algunos estados las reformas también niegan el uso de métodos anticonceptivos como la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE) y el dispositivo intrauterino (DIU).

Algunas de las constituciones modificadas, como la de Colima, Guanajuato y Sonora, se contraponen a lo estipulado en programas de salud como el de prevención de embarazos, toda vez que para algunos médicos la concepción se produce hasta 12 horas después del acto sexual, mientras que la PAE se puede ingerir hasta 72 horas después de éste.

En tanto que en Jalisco y Guanajuato el aborto se prohíbe incluso en casos de violación; en Guanajuato, Puebla, Querétaro y Quintana Roo se ha procesado y encarcelado a mujeres por haber abortado, y en un acto de “congruencia” con este tipo de políticas, en Jalisco el gobernador panista Emilio González Márquez pretende anular la NOM -046, que permite a las niñas y mujeres abusadas acceder, en las instituciones de salud, a la interrupción legal del embarazo y a la PAE.

Estudios nacionales e internacionales reportan que la prohibición del aborto afecta sobre todo a mujeres de escasos recursos y a sus familias; impedir el acceso a éste no resuelve el problema sino que agrava la vulnerabilidad de las mujeres que se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos e inseguros, poniendo en riesgo su salud y su vida.

ENGAÑOS Y TRAMPAS CONTRA LAS MUJERES

En México el aborto es un problema grave, según datos de la Secretaría de Salud, tan sólo en 2006, 149 mil 700 mujeres recibieron tratamiento en hospitales públicos por complicaciones tras haberse practicado un aborto clandestino y por tanto inseguro.

Así la enmienda más reciente para criminalizar la interrupción del embarazo, fue aprobada en Chiapas, hace apenas dos semanas; a pesar de que esta entidad es una de las que tiene mayor miseria del país, y uno de los más altos índices de mortalidad materna.

Es de precisar que hasta el momento la estrategia PRI-PAN, había sido la de presentar y aprobar iniciativas –sin discusión alguna—para abiertamente proteger la vida desde el momento de la concepción; ahora con Chiapas se da cuenta que han tratado de “cambiar”, su proceder presentando una iniciativa de ley de “Paternidad Responsable”, la cual a decir de las OSC es engañosa y tramposa.

Martha Figueroa Mier, presidenta del Grupo de Mujeres de San Cristóbal las Casas A. C. (Colem), señaló a Cimacnoticias que esta Ley es un doble agravio a las chiapanecas, “pretenden hacernos creer que es por nuestro bien”; con argumentos como el de que en la Ley se establece que las mujeres desde el embarazo podrán exigir al padre apoyo económico de hasta el 50 por ciento de los gastos del embarazo y parto, siempre y cuando comprueben la paternidad mediante una prueba de ADN, lo que es absurdo.

A decir de la activista, las OSC, tampoco están de acuerdo en que las mujeres que aborten vayan a ser sometidas a atención psicológica, y tengan que pagar su pena haciendo trabajos comunitarios, tal como lo establece dicha Ley; “quieren hacernos sentir culpables y exhibirnos”.

Por lo que solicitarán al gobernador Juan Sabines Guerrero, que ejerza su facultad para no publicar los dictámenes del pleno del Congreso local en el Diario Oficial para que la Ley de Paternidad quede sin efecto y no se siga violando el derecho de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria, pues con estas reformas “las condenan a la esclavitud”, afirmó Figueroa Mier.

El caso de Chiapas no es aislado, la primera semana de diciembre, la senadora Blanca Judith Díaz Delgado del PAN y presidenta de la Comisión de Equidad y Género en el Senado, presentó una iniciativa de decreto para crear la “Ley General de Protección a la Maternidad y Paternidad” que entre sus objetivos establece que “el Gobierno debe garantizar la protección a toda persona, desde el momento de la concepción”.
09/GT/LR

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