Más de 50 organizaciones feministas y 80 personas más solicitaron a la ONU, la OEA y al Comité Internacional de la Cruz Roja que, conforme a sus mandatos, coadyuven con el Estado mexicano para establecer medidas que ayuden a la distensión en la zona indígena triqui de Oaxaca.
En un desplegado publicado esta semana en los diarios de esa entidad y en un documento que entregarán al Grupo de Trabajo de Seguimiento a la Violencia en la Zona Triqui de la Cámara de Diputados, las y los firmantes se pronunciaron por la erradicación de la violencia en la zona y el establecimiento del diálogo entre las partes en conflicto.
Exigieron a las autoridades mexicanas, detener la violencia contra las mujeres en las comunidades triquis y justicia para la maestra Beatriz Alberta Cariño, defensora de Derechos Humanos (DH), asesinada en una emboscada el pasado del 27 de abril en el municipio triqui, San Juan Copala, Oaxaca.
«El pueblo triqui ha sido reconocido por luchar a favor del derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, sin embargo, también ha sido escenario de un conflicto histórico que afecta de manera particular la vida y la integridad de las mujeres», enfatizan.
A su vez, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), señala que la violencia en la zona triqui ha sido calificada como una situación incontrolable, debido a los numerosos asesinatos y hechos de violencia que se han registrado.
Tales casos nunca han sido investigados, ni sancionados, lo que «permite la acción de los grupos paramilitares con total impunidad», precisa el CCIODH.
LA HISTORIA SE REPITE
Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) e integrante de la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano, fue asesinada el pasado 27 de abril de 2010, durante el ataque armado a la Caravana de Observación Internacional de DH y Misión Civil, que se dirigía a la Agencia Municipal de San Juan Copala, Oaxaca.
San Juan Copala, se encuentra sitiado desde hace meses por grupos paramilitares que según denuncian autoridades autónomas y organizaciones sociales, «actúan con la complacencia del gobierno de Oaxaca».
El ataque contra la caravana, integrada por defensoras/es de DH observadoras civiles, nacionales e internacionales y periodistas, fue perpetrado por un grupo de encapuchados en las inmediaciones de la región triqui de San Juan Copala, en el paraje conocido como «Los Pinos», La Sabana.
También fue asesinado Tyri Jaakkola observador de origen finlandés, docenas de personas resultaron heridas y otras más desaparecidas entre las que se encontraban la reportera Erika Ramírez y el fotógrafo David Cilia, de la revista Contralínea, quienes días más tarde fueron rescatados.
Ambos periodistas acudieron a la comunidad para realizar un reportaje especial sobre el caso de las radialistas asesinadas el 7 abril de 2008, Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores.
Por más de 15 años, Bety Cariño (como se le conocía), realizó un trabajo de acompañamiento comunitario en la región de la mixteca, capacitaba a indígenas de la región y daba asesoría a las mujeres de la zona para la defensa de sus derechos.
Impulsó la creación de redes de economía solidaria en varias comunidades y logró junto con otras organizaciones crear la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano.
RESPUESTA LEGISLATIVA
El 29 de abril de 2009 la Cámara de diputados informó que en los próximos días quedará integrado el grupo de trabajo que dará seguimiento a los hechos ocurridos el pasado 27 de abril en la región triqui de Oaxaca.
El grupo legislativo plural comenzará con las tareas de coadyuvancia «que permitan restablecer el estado de derecho, la concordia y la paz social entre los habitantes de la región».
El grupo, que también trabajará en el estado de Guerrero, donde ha escalado la violencia, estará integrado por 10 diputados: dos del PRI; dos del PAN; dos del PRD; uno más de cada uno de los restantes grupos parlamentarios con representación en la Cámara, y que sean representantes u originarios de los estados de Oaxaca o Guerrero.
Las labores del grupo estarán vigentes hasta el 31 de agosto de 2012 y deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
HISTORIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES TRIQUI
La violencia contra las mujeres del pueblo triqui, ubicado en la parte más occidental de la entidad, y una de las más marginadas, no es nueva.
Un recuento de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), subraya que en 1978 se instaló en San Juan Copala un retén militar, lo que resultó en mayor violencia contra las familias que carecían de poder político, y en violaciones sexuales a las mujeres triquis, quienes no denunciaban por temor a ser rechazadas por sus familias o esposos.
De esta época, se tienen documentadas las violaciones a 14 mujeres. Posteriormente se supo que otras nueve mujeres de Santa Cruz Tilapa que fueron detenidas por militares y se les torturó e hizo confesar delitos que no cometieron.
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