Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), exigieron un alto a la violencia institucional que se ejerce contra las mexicanas desde el poder judicial, ejecutivo y legislativo, por la que se les niega su derecho a la salud sexual y reproductiva y a ejercer una maternidad libre y voluntaria.
A un par de días de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, en conferencia de prensa Mariana Winocur de Grupo de Informacion en Reproducción Elegida (GIRE), señaló que la situación es muy preocupante y muestra que las autoridades no previenen, ni investigan, ni reparan el daño que se les infringe a las mexicanas.
De acuerdo con el artículo 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General), la violencia institucional, son los actos u omisiones de las y los servidores públicos que discriminan o tienen como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
En la misma Norma se establece, agregó la activista, que los tres ordenes de gobierno, judicial, ejecutivo y legislativo tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
En materia de violencia institucional, se violenta a las mujeres al negarles el acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud reproductiva, y cuando se les niega la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en caso de una violación, se va en contra de la Norma Oficial Mexicana Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres (NOM-046).
Información difundida por la Campaña Regional por una Maternidad Libre y Voluntaria, indica que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha señalado que el acceso al aborto seguro y legal es un elemento central para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres en términos generales, incluyendo sus derechos sexuales y reproductivos y aquellos relacionados a su inherente condición de personas.
En éste sentido, desde el poder judicial señaló como ejemplo el caso de una mujer que desde 2006, se encuentra presa en el estado de Guerrero, acusada de homicidio en razón de parentesco. «Como resultado de un juicio contaminado por prejuicios sociales y morales».
La mujer estaba embarazada y el parto se le adelantó, la criatura no sobrevivió y fue acusada de homicidio en razón de parentesco. En su escrito el agente de Ministerio Publico dijo que el hecho de que estuviera casada y el embarazo fuera de otro hombre «la perjudica notoriamente…se entiende que conocía las consecuencias de dicha conducta inmoral».
Mariana Winocur, señaló como ejemplo de violencia institucional desde el poder Ejecutivo, el hecho de que hace unos meses se conoció que en Veracruz había mujeres encarceladas acusadas de aborto, «aunque luego fueron puestas en libertad, gracias a la «generosidad» de un indulto otorgado por el gobernador Fidel Herrera.
Cabe destacar que GIRE, ha denunciado en reiteradas ocasiones que en diversas entidades de la República hay mujeres presas por este motivo, sin embargo no se pueden contabilizar debido a que se les acusa de otros delitos como el homicidio en razón de parentesco.
A esto se suma la violencia institucional contra las mujeres desde el poder legislativo, donde se reformaron 17 constituciones locales de los 31 estados del país, para proteger la vida desde el momento de la concepción-fecundación y criminalizar el aborto.
Mariana Winocur, afirmó que lo anterior deja ver la violencia ejercida contra las mujeres en sus derechos a la salud sexual y reproductiva. La situación es preocupante, dijo, por lo que lanzó un llamado para que las leyes y las políticas públicas dejen de violentar a las mujeres.
En su momento Ana Güezmez, directora regional de UNIFEM para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, recordó que México fue sometido al Examen Periódico Universal (EPU) en Naciones Unidas y de ahí surgieron varias recomendaciones que el Estado mexicano tiene que cumplir.
La especialista dijo que en materia de violencia contra las mujeres es necesario armonizar la legislación sobre aborto en todos los estados, la NOM-046, tipificar el feminicidio e instalar la fiscalía especializada para la violencia contra mujeres y trata de mujeres y niñas, por mencionar algunas.
Sandra Serrano, Investigadora de la de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), coincidió con la especialista de UNIFEM, y recordó que existen una serie de tratados internacionales que obligan a respetar los derechos de las mujeres uno de ellos es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará).
Sin embargo, Estado mexicano incumple todas estas recomendaciones y tratados, al no garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, subrayó.
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