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América Latina: legalización del aborto, un pendiente

Por Raquel Sierra

La resistencia de los gobiernos y la iglesia de América Latina a legalizar el aborto pone en riesgo de muerte, cada año, a miles de mujeres. Cerca de 50 millones de abortos se producen anualmente en todo el mundo. De este total, 30 millones se practican legalmente y 20 en forma ilícita.

Una investigación divulgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que cuatro millones de mujeres acuden al aborto inducido en América Latina y el Caribe todos los años. Otros cálculos afirman que el total de interrupciones de embarazos es de seis millones, de acuerdo con el Servicio de Noticias de la Mujer de Cuba.

El estudio dice que una de cada mil mujeres muere debido a que la mayoría de los procedimientos se hacen en la clandestinidad y, frecuentemente, sin las condiciones higiénicas requeridas. Asimismo, se calcula que por cada mil mujeres en edad reproductiva -entre los 15 y los 49 años- se practican 30 abortos inseguros.

21 por ciento de las muertes relacionadas con embarazo, parto o posparto tiene como causa las complicaciones del proceder quirúrgico, informa la OMS. Se estima también que, al día, por lo menos 2 mil 191 mujeres y adolescentes son hospitalizadas en la región debido al aborto inseguro, principal causa de muerte materna en Argentina, Chile, Guatemala, Panamá y Paraguay.

Organizaciones defensoras de la legalización de esta práctica sostienen que los abortos ilegales constituyen un problema serio de salud, amenazan la vida de las mujeres y ponen en riesgo su salud reproductiva. No obstante, si bien las campañas regionales por el derecho al aborto, cada 28 de septiembre, ayudan en cierta medida a dar visibilidad al fenómeno, han sido pocos los avances hacia la legalización.

El problema del aborto no surge de la nada. Para estudiosos, el incremento de las relaciones sexuales no seguras, el desconocimiento de la anticoncepción y el difícil acceso a los servicios de regulación de la fecundidad determinan que aún hoy exista un gran número de embarazos no deseados.

PANORAMA LATINOAMERICANO

Las leyes de la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños prohíben la interrupción del embarazo. Sólo Cuba, Puerto Rico y Guyana tienen legislaciones liberales. Las de Chile, El Salvador, Colombia y Honduras lo condenan totalmente, incluso en caso de peligro de muerte de la mujer embarazada. Otras naciones lo permiten para salvar la vida de la mujer (Panamá, Paraguay, Brasil y Venezuela), por razones de salud física (Argentina), o en caso de violación (México y Brasil).

Las estadísticas brasileñas indican que cada año se practican entre 800 mil y un millón de abortos. Debido a que se practican en malas condiciones, 250 mil mujeres son internadas en los hospitales de la red pública de salud del país.

Por otra parte, según registros del Ministerio de Salud de Paraguay, sólo en 2003 murieron 37 mujeres debido al aborto, lo que representa un promedio de una muerte cada diez días. No obstante, defensores de la legalización sostienen que la cantidad es mayor, pues no todos los casos son registrados por los órganos de salud del Estado.

En Nicaragua, según la legislación vigente, los abortos solamente se permiten en casos de violación. Por otros motivos, las mujeres pueden ser condenadas a seis años de prisión, mientras que en Chile, uno de los pocos países en el mundo donde se mantiene la más absoluta penalización, está prohibido el aborto terapéutico, que estuvo permitido entre 1931 y 1989.

Sin embargo, en esa nación el gobierno accedió al empleo de la Píldora de Anticoncepción de Emergencia (PAE), conocida como “píldora del día después”, a las mujeres que hayan sido víctimas de violación.

En México, 18 por ciento de los abortos clandestinos se realiza por razones que no están penalizadas, lo que refleja el alto grado de desinformación sobre el tema, indica el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

De igual forma, una investigación del Centro de Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala arrojó que más de 100 mujeres mueren anualmente por prácticas abortivas clandestinas en ese país, donde sólo está permitido el aborto terapéutico.

El pasado año, el Senado de Uruguay rechazó un proyecto de ley que legalizaba el aborto. Estudios revelan que allí el número de abortos ilegales prácticamente se equipara al de nacimientos: nacen 52 mil niños y niñas anualmente, mientras que de 30 mil a 50 mil embarazos terminan en interrupción voluntaria. En estos momentos, el aborto sólo se permite en Uruguay cuando se trata de una violación, si la vida de la madre está en peligro o si el feto tiene alguna malformación.

Por otra parte, República Dominicana registra cada año 82 mil abortos; casi la décima parte ocurre entre adolescentes de 10 a 15 años, señala una investigación del Centro de Estudios Sociales y Demográficos.

En Cuba, donde la interrupción del embarazo fue legalizada desde 1965, la mortalidad materna por esa causa descendió de 120 casos por cada 100 mil nacidos vivos, a siete casos por cada 100 mil nacidos en el año 2000, según fuentes del Ministerio de Salud Pública.

Según expertos, el uso mejorado de anticonceptivos y los servicios de planificación familiar pueden reducir enormemente los embarazos no programados y, con ellos, los abortos.

*Periodista

05/RS/YT

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