El pasado 25 de septiembre recibimos con beneplácito la noticia de que la sentencia de Amina Lawal, mujer nigeriana de 33 años condenada a muerte por lapidación, había sido revocada en su apelación ante la Corte del estado de Katsina.
Esta mujer no había tenido oportunidad suficiente para defenderse a sí misma. La dureza de la pena era sobrecogedora, ya que habría sido enterrada hasta el cuello para ser apedreada después hasta la muerte.
He seguido este caso personalmente y aporté una de las más de 10 millones de firmas que se unieron para protestar contra su ejecución y a favor de la campaña de repudio mundial, en la que el Senado de la República se pronunció contra dicha decisión.
Amina, sin escolarización y desocupada, se convertiría en enero próximo en la primera persona en ser lapidada desde la introducción en el 2000 de la Ley Islámica, denominada Sharia, aplicada en 12 estados de mayoría musulmana en el norte de Nigeria.
Fue sentenciada cuando reconoció en un primer juicio su relación fuera de matrimonio con el padre de su hija. Los dos años concedidos desde que se le dictó sentencia tenían el propósito de que cumpliera el tiempo suficiente para amamantar a Wassila.
Durante este tiempo seguramente la miraba despidiéndose cada día. La angustia y sufrimiento de pensar que pronto sería expuesta a una de las penas públicas más humillantes, terminó con el aviso de la revocación.
Al principio Amina no contó con abogado defensor, meses después recibió apoyo de una organización nigeriana de los derechos de las mujeres, gracias a esto se pudo solicitar la procedencia del juicio de apelación.
Ha sido una victoria para la justicia y una victoria para la dignidad y los derechos humanos fundamentales. Con su puesta en libertad, Amina se convirtió en un símbolo ya que desde que se conoció su condena se levantaron muchas voces pidiendo el perdón. Y es que aconteció que bajo la misma acusación otra mujer fue absuelta el mismo día en el que Amina fue encarcelada.
Las campañas internacionales de cartas tienen un potencial específico que puede ser espectacularmente exitoso. El caso de Amina no es un caso individual.
No todos los casos de condena han merecido titulares en los medios internacionales, ni siquiera en los nacionales. Todos ellos no pueden convertirse en causas célebres en temas para las comunicaciones de protestas.
Muy poca gente conoce el nombre de Hafsatu Abubakar, la primera mujer absuelta tras apelar una sentencia a morir lapidada, ni el nombre de otras ocho mujeres y diez jóvenes cuyos casos lleva en este momento la organización que defendió legalmente a Amina.
La prioridad que veo es el uso de las estructuras y mecanismos locales como medio para resistir las leyes retrógradas o las interpretaciones de las leyes de las diversas fuerzas que están detrás. Lo importante es que la gente debe saber que tiene derecho a apelar y hacer frente a las injusticias, incluidas aquellas que se realizan en nombre de determinada religión.
Las estrategias de solidaridad internacional deben reconocer las acciones de los grupos o personas activistas involucradas más de cerca y en consonancia con las cuestiones de base y los deseos de las mujeres y hombres que sufren de forma directa las violaciones de sus derechos.
Una vez agotados los recursos locales se puede apelar a los instrumentos internacionales que en este caso son La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, así como La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres, que prohíbe la violencia y la discriminación por causa de género.
Por ello esta decisión da muestra del gran poder y la fuerza que han logrado alcanzar las organizaciones de la sociedad civil. Y aunque el caso de Amina ha concluido, queda la sombra de la Sharia, legislación de corte altamente conservadora que oprime la libertad de las mujeres y apoya la pena de muerte.
2003/LS/MEL
* Lucero Saldaña es senadora por el Partido Revolucionario Institucional
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