Ante la incidencia de los abortos clandestinos en México, la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Deyanira González de León Aguirre, se pronunció por ampliar los programas de información, sobre todo en los sectores más vulnerables y que se revise el marco jurídico en la materia.
Citó que en el país 29 de las 32 entidades carecen de leyes para garantizar a las víctimas de violación un aborto legal seguro y los códigos penales no tipifican esta práctica como delito. Las leyes son restrictivas y solo permiten el aborto cuando corre peligro la salud de la madre o existan malformaciones del producto.
En entrevista, la profesora universitaria lamentó que a ello se sumen argumentos morales y religiosos contra la interrupción del embarazo, que sólo «han entorpecido la discusión pública e impedido a la sociedad mexicana tener una percepción clara sobre las repercusiones sociales y sanitarias del aborto».
Se pronunció porque la sociedad tome conciencia sobre este problema social, en tanto que las instituciones de educación superior que forman profesionales de la salud tengan mayores conocimientos sobre la salud reproductiva.
Para la académica de las licenciaturas de Medicina y Enfermería, la alta incidencia de embarazos no deseados que derivan en muchas ocasiones en abortos clandestinos, revela la falta de servicios de salud reproductiva y la ausencia de una visión integral que atienda a todos los sectores de la población.
Sostuvo que muchas veces el personal responsable de los programas de salud reproductiva carece de capacitación o tiempo para ofrecer toda la información acerca de la efectividad, seguridad y efectos secundarios de cada método anticonceptivo.
Con cifras del el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la especialista recordó que el 68 por ciento de las mujeres mexicanas con pareja en edad fértil utilizan algún método anticonceptivo, mientras que en el porcentaje es menos del 50 en el caso de mujeres con baja escolaridad y en situación de pobreza.
De aquí que tan sólo en 2002 el aborto constituyó la tercera causa de muerte femenina y el 63 por ciento de las hospitalizaciones del Sistema de Seguridad Social por complicaciones asociadas al mismo.
Entre las razones por las que ocurren embarazos no deseados, la especialista destacó el uso de métodos naturales autorizados sólo por la Iglesia que son poco efectivos; relaciones sexuales no planeadas, y reticencia masculina a usar algún método.
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