Tras haber superado innumerables barreras judiciales, pronto se escucharán los primeros testimonios en el juicio por el robo de los niños a las mujeres que fueron secuestradas y permanecieron detenidas clandestinamente, durante la última dictadura en Argentina.
Entre los acusados por la orquestación de un «plan sistemático» que tuvo como fin la «sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad» de más de 500 niños y niñas, figuran los ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, junto a otros seis represores.
En las audiencias que durarán más de ocho meses, el tribunal analizará específicamente 34 casos de robo de bebés, algunos de ellos nacidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y la guarnición militar de Campo de Mayo, dos de las principales maternidades clandestinas que funcionaron en la dictadura.
En el caso de Videla, se le imputa haber participado en 21 de los 34 casos de sustracción, retención y ocultamiento de menores, así como en la sustitución de sus identidades.
Por los casos de la ESMA deberán responder el médico Jorge Luis Magnacco, el jefe de inteligencia del grupo de tareas 3.3 de la Armada Jorge «El Tigre» Acosta y Antonio Vañek, por su responsabilidad como jefe operativo de ese centro de detención.
Por su parte, Santiago Riveros está acusado por los hechos de apropiación cometidos en Campo de Mayo.
Mientras que Jorge Azic es juzgado como apropiador de la actual diputada nacional y nieta recuperada Victoria Donda Pérez, cuyos padres están desaparecidos.
Por su parte, Bignone y el ex marino Rubén Franco deberán responder por su rol de coautores mediatos ya que «garantizaron la impunidad», al ordenar antes de la vuelta de la democracia la destrucción de la documentación sobre los crímenes cometidos y la autoamnistía para los miembros de las Fuerzas Armadas.
Al juicio sólo llegan ocho imputados, ya que en el transcurso fallecieron Emilio Massera, integrante de la Primera Junta; Cristino Nicolaides, el ex jefe del Ejército; Juan Bautista Sasiaiñ, entonces jefe de la Policía Federal; y el represor Héctor Febres, quien fuera señalado como uno de los «entregadores» de los niños nacidos en la ESMA.
Las organizaciones y familiares que impulsan este proceso desde hace más de 14 años, esperan que dé cuenta de lo que sucedió con las mujeres y sus hijos; así como que surjan datos sobre lo acontecido con esos niños y lo que sigue sucediendo, porque mucho de ellos aún permanecen desaparecidos.
En el juicio se prevé escuchar a más de 370 testigos, entre ellos algunos jóvenes que sí pudieron reencontrarse con sus familias, como Macarena Gelman, la nieta del poeta Juan Gelman, quien recuperó su identidad en el año 2000.
Si bien las audiencias comenzaron el 28 de febrero pasado, el juicio ya contó con la declaración de la testigo y querellante María Isabel «Chicha» Chorobik de Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, que hoy busca a su nieta Clara Anahí a través de una asociación que lleva el nombre de la niña.
«Chicha» pidió declarar a fines de 2010 -antes del inicio del juicio- por su avanzada edad (87 años) y delicado estado de salud.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que impulsa la investigación desde diciembre de 1996, ha solicitado que el juicio se lleve adelante «garantizando una completa publicidad de las audiencias, incluyendo las declaraciones de los represores imputados y de las víctimas y testigos de estos aberrantes crímenes que aún se continúan cometiendo», ya que de los más de 500 niñas y niños despojados de su origen sólo 102 han podido recuperar su historia y volver a encontrarse con sus familias.
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