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Analizan llamar a cuentas al Ejecutivo por caso Inés y Valentina

Por La Redacción

El Senado analiza citar a comparecer a funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Procuraduría General de la República (PGR), para que informen cómo han cumplido las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas violadas por militares en 2002, en el estado de Guerrero.
 
Las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara alta estudian una propuesta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), para que el Ejecutivo federal explique por qué no se ha reparado el daño a ambas mujeres tlapanecas.
 
A petición del senador Armando Ríos Piter, las y los legisladores citarían a comparecer al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, Max Alberto Diener, y a la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Ruth Villanueva Castilleja.
 
El pasado martes el senador por Guerrero presentó un punto de acuerdo para citar a los funcionarios federales y que informen qué acciones han realizado para cumplir las dos sentencias de la CoIDH emitidas contra México, ambas notificadas el 1 de octubre de 2010.
 
En tribuna, el senador señaló que el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan advierte que las sentencias permanecen incumplidas en sus aspectos más sustantivos, toda vez que hay rezagos en cuestiones administrativas en distintas dependencias federales.
 
Inés y Valentina, quienes fueron violadas por soldados en hechos por separado, llevaron su demanda de justicia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos –ante la negligencia de las instancias estatales y federales–, y lograron dos sentencias de la CoIDH, sin embargo hasta ahora sus agresores no han sido castigados.
 
Aunque ambas mujeres han solicitado en reiteradas ocasiones que se castigue a los responsables, el único avance es que las investigaciones que permanecían en el fuero militar, fueron trasladas a la jurisdicción civil, pero no hay indicios de que los culpables serán detenidos.
 
Este tema cobra relevancia para el Poder Legislativo porque en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, las y los diputados destinaron 30 millones de pesos para el cumplimiento de las sentencias de la CoIDH y para reparar el daño a las víctimas de delitos cometidos en el pasado.
 
Este 2012 se destinaron 31 millones 500 mil pesos para la reparación e indemnización de violaciones a Derechos Humanos decretadas por la CoIDH. No obstante, en el caso de Inés y Valentina las medidas ordenas por el alto tribunal no se han cumplido a cabalidad.
 
Aunado a que la PGR, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) no ha consignado el expediente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha resuelto sobre el alcance de las sentencias de carácter internacional contra México.
 
Desde noviembre de 2011, las y los ministros tienen el “expediente varios” 1396/2012 a través del cual deben analizar las obligaciones del Poder Judicial en estos casos, y pronunciarse sobre el acceso a la justicia con perspectiva de género y con un enfoque de etnicidad, es decir, desde una visión de los derechos de los pueblos indígenas.
 
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