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Aniversario de una masacre, fracaso de una estrategia

Por Clara Jusidman *

Hace un año, el 30 de enero, fueron masacrados 16 jóvenes que se encontraban festejando un cumpleaños en la colonia Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez.

El amplio impacto social que tuvo ese dramático acontecimiento hacía pensar al menos en dos cosas: que al fin el gobierno federal entendería que combatir violencia con más violencia nos está llevando por un camino sin retorno, y que los gobiernos federal, estatal y municipal se pondrían de acuerdo para enfrentar la catástrofe humana en que se ha convertido la localidad fronteriza.

Algunos indicios nos hacían guardar alguna esperanza del cambio de la estrategia de seguridad de Felipe Calderón o al menos de su complementación con programas que pusiera mayor énfasis en acciones de tipo económico, social y cultural.

Así nos pareció con la asistencia de Calderón y de varios secretarios de Estado en los meses siguientes a la matanza, para participar en varias mesas de diálogo con los juarenses y al anunciarse el desarrollo de un plan integral para reconstruir el tejido social al que se denominó “Todos somos Juárez”.

Sin embargo, se han venido presentando varias fallas que podríamos resumir al menos en cuatro puntos:

1) Nunca se realizó un diálogo abierto y realmente democrático en el que los funcionarios federales estuvieran dispuestos a escuchar y a entender las preocupaciones y a reconocer las propuestas de los juarenses; los funcionarios de la oficina presidencial estaban más preocupados porque Calderón no fuera confrontado en sus reuniones con la población y con los familiares de los jóvenes asesinados.

Provocaron con esa actitud, la exclusión de las mesas de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y con ello generaron una ruptura entre estas organizaciones que fueron vetadas, con aquellas otras que decidieron quedarse para ver si algo se lograba.

Es decir, en lugar de ayudar a consolidar las mermadas redes de trabajo colaborativo de las organizaciones civiles de la ciudad, la oficina presidencial afectó más el precario tejido social de Juárez.

2) Mencionamos en otro comentario que el programa “Todos somos Juárez” era un conjunto de 160 acciones desconectadas entre sí, e inclusive que se repetían y que no se veía la tan anunciada integralidad.

Que además esa estrategia no era resultado de un esfuerzo del gobierno por entender qué intervenciones del Estado mexicano se necesitaban ante la tragedia que vive la ciudad, sino que se trataba de la oferta de programas que el gobierno federal ya tenía en su menú y que venía realizando en todo el país.

A cerca de un año de haber anunciado esa estrategia, los juarenses se quejan de una participación muy desigual de las distintas secretarías, destacando positivamente las de las secretarías de Salud y Educación, pero no así las de las secretarías de Seguridad y de Desarrollo Social. También señalan que no se ha sentido efecto alguno en la violencia criminal en la ciudad.

3) La situación de violencia que vive Ciudad Juárez y muchos otros territorios del país determina que en primer lugar la población exija acceso a la justicia y el fin de la impunidad y de los acuerdos entre bandas del crimen organizado, los empresarios y los políticos.

El grado de deterioro de la convivencia impide pensar en reconstrucciones del tejido social, por ejemplo recuperando espacios públicos como lo está haciendo la Secretaría de Desarrollo Social, cuando la población tiene miedo de salir de sus casas, o está abandonándolas para trasladarse a ciudades más seguras.

Estas zonas del país, tanto urbanas como rurales, requieren de programas de mitigación y ayuda para las familias que han sido víctimas del crimen organizado, como son los miles de viudas y huérfanos, las personas discapacitadas por heridas de bala, las personas despojadas de sus bienes y de sus recursos por los secuestros y las extorsiones.

Estos territorios no son los mejores como para probar programas de prevención social de la violencia cuyos efectos se observan en plazos más largos y se corre el riesgo de que ese enfoque de prevención se desgaste al aplicarlo en zonas donde el grado de violencia ya es muy elevado.

4) Desafortunadamente, el programa “Todos somos Juárez” no fue compartido por los tres niveles de gobierno sino sólo por el federal. Se presentó en un momento en donde estaba en curso el proceso electoral en Chihuahua y al final resultó presa de las interminables peleas por el poder político que dominan toda la vida institucional del país.

El desinterés de Calderón por “Todos somos Juárez” y por su compromiso con esa ciudad se observa en la página de internet que se abrió para informar del avance de las 160 acciones, pues desde octubre de 2010 el sitio no ha sido actualizado.

En fin, fuera de algunos funcionarios federales que se han comprometido con Juárez y no la abandonan, para Calderón la ciudad ya no es una prioridad.

*Analista del Cambio Social y Presidenta de INCIDE Social A.C.

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