En materia de aborto en México, en la Cámara de Diputados hay actualmente dos iniciativas de reforma al Código Penal Federal para su despenalización y se espera que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tenga voluntad para sumarse a la discusión y tener un dictamen único a más tardar en septiembre, señaló en entrevista para Cimacnoticias la diputada federal Elsa Conde Rodríguez, promotora de una de estas iniciativas.
Por ahora las iniciativas se encuentra para su análisis, que aún no se inicia, en las comisiones de Justicia, Salud, Derechos Humanos, Equidad y Género, y Especial sobre No Discriminación, Nuevos Sujetos y Nuevos Derechos.
La legisladora Conde Rodríguez comentó que la iniciativa, que reforma los artículos 330 y 333 y deroga los artículos 332 y 334 del Código Penal Federal, presentada el pasado mes de abril, tiene como objetivo garantizar los derechos reproductivos de las mujeres, y viene a ser una ley complementaria a nivel federal a la recién aprobada en el Distrito Federal sobre la despenalización del aborto.
En esa iniciativa, explicó la legisladora, estamos estableciendo que en materia del Código Penal Federal, cuando se habla de aborto, se establece claramente que las instituciones de salud pública federal que se encuentran radicadas en un estado, como el Distrito Federal, las y los servidores públicos se sujeten a lo que está estableciendo la ley local.
Elsa de Guadalupe Conde consideró que con ello se da certeza jurídica a servidores públicos y a las y los médicos, que se enfrentan a un dilema, no solamente ético sino también jurídico, de qué hacer frente a la interrupción de un embarazo, aunque no sea necesariamente voluntario, porque muchas veces se trata de abortos accidentales.
POSIBLES OBJETORES
En tanto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó ayer un punto de acuerdo para exhortar a Felipe Calderón Hinojosa a que instruya a los hospitales del sistema de salud a que atiendan a las mujeres que decidan interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
Lo anterior, en respuesta a las declaraciones del Secretario de Salud del gobierno federal, José Ángel Córdoba, quien advirtió a las y los médicos de hospitales federales que, de llevar a cabo la interrupción voluntaria de un embarazo antes de las 12 semanas de gestación, serían sancionados con la pérdida de la cédula profesional y la privación de su libertad.
La diputada local del PRD, Laura Piña Olmedo, presentó el exhorto para que el Gobierno federal, en el ámbito de sus obligaciones y facultades, considere la prestación de los servicios en nosocomios públicos federales a las mujeres que soliciten la interrupción del embarazo.
En entrevista con Cimacnoticias, Elsa Conde, diputada federal por Alternativa, indicó que hay estados en el país en los que se reconocen causales, como la violación, peligro de vida de la madre, pero que no existe un procedimiento en el que ese derecho se les puede garantizar realmente a las mujeres.
Para la política mexiquense «no es difícil logar la despenalización del aborto a nivel nacional, ya que con voluntad política es posible garantizar mayor salud para las mujeres». Y esa voluntad política «yo creo que la estamos viendo en el Distrito Federal, donde avanzar no solo en el terreno legislativo, sino también en el de la práctica».
Advirtió que hay estados con posibilidades de concretarlo, principalmente en las entidades (siete u ocho) donde las mayorías dentro de los congresos locales están más inclinadas a fuerzas políticas como el PRD y el PRI; sin embargo, hay estados como Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes, en los que sería muy difícil cambiar las leyes.
Conde Rodríguez aceptó que puedan existir médicos objetores, pero lo que no concibe es que haya instituciones objetoras de conciencia, puesto que una institución está obligada a prestar el servicio, y también a tener un grupo de médicos no objetores que puedan prestar el servicio a mujeres cuando llegan en condiciones graves para su salud.
RESTRICCIÓN Y MUERTE MATERNA
Para las y los investigadores Raffaela Schiavon, Erika Troncazo y Gerardo Polo, de Ipas-México, las restricciones legales del aborto no reducen el número de abortos inducidos que se realizan en un determinado país, de acuerdo con el documento «Aportes para el debate sobre la despenalización del aborto».
Sin embargo, sostienen que dichas restricciones ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres en el mundo, advierten que en América Latina la tasa de abortos inseguros por mil mujeres entre los 15 y 45 años de edad es de 29; mientras que en regiones donde hay un amplio acceso a procedimientos legales, como Europa, sólo tres de cada mil procedimientos se realizan en condiciones inseguras.
En los países donde el aborto está legalmente restringido suceden en promedio 30 veces más muertes maternas que en los países donde este procedimiento es legal a solicitud de la mujer, concluyeron las y el especialista de Ipas-México.
07/MLT/GG
