Ante el llamado de la Cámara de Diputados a intensificar la investigación para resolver los asesinatos de periodistas en el país, la Procuraduría General de la República (PGR), informó al órgano legislativo que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), llevará a cabo una «reorganización» en las áreas administrativa, tecnológica y jurídica.
Durante 2009, 183 periodistas fueron agredidas y agredidos; 13 asesinados y 19 medios de comunicación violentados, según información del Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet).
Durante este mes, dos comunicadoras fueron acosadas y agredidas: Laura Castellanos, periodista independiente y especialista en el tema de grupos armados en México, y Lydia Cacho Ribeiro, periodista, escritora y defensora de los derechos humanos de las mujeres.
Ayer la PGR en un oficio girado a la Mesa Directiva, que preside el diputado Francisco Ramírez Acuña, señaló que en dicha Fiscalía se han iniciado una serie de cambios y reformulación bajo los criterios de «gradualidad, viabilidad e integralidad», en al menos cuatro áreas.
Refirió que en el área administrativa, se plantea reorganizar a la Fiscalía bajo «lineamientos de especialización de la función y de coordinación intra e interinstitucional», además de «redimensionar» la actividad investigadora del Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares.
En el oficio número DGPPCI/V/0907/10, firmado por Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la PGR, indica que en el área tecnológica, se pretende la explotación adecuada y eficiente de los sistemas y bases de datos, para contar con información «idónea».
La dependencia en el área jurídica busca la «integración de las averiguaciones previas», tanto las que se encuentren radicadas en la Fiscalía, como aquellas de los órganos desconcentrados por territorio, además de participar con las autoridades locales en las investigaciones, a fin de impulsar el combate a la impunidad.
El oficio remitido a la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, también, señaló que lo anterior se realizará a través de cuatro subprogramas: la sistematización de la información sobre delitos cometidos contra periodistas; de atención a delitos relacionados con delitos cometidos contra periodistas; de atención a denuncias de periodistas desaparecidos, y finalmente, de promoción al respeto del derecho a la información y a la libertad de expresión.
La PGR, afirma que «tendrá un mayor acercamiento con los grupos interesados, a efecto de proporcionar la información necesaria sobre las actividades de la fiscalía y buscará una estrecha relación con los organismos internacionales de derechos humanos, particularmente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».
Cepet señala que hasta el momento la Fiscalía dependiente de la PGR sigue sin ofrecer avances importantes o datos de consignaciones. Ante esta falta de resultados en las investigaciones y el incumplimiento de las autoridades en su responsabilidad, ha colocado a México en el centro de la atención de los organismos internacionales, que le han merecido la clasificación de entre los países más peligrosos para el ejercicio periodístico.
MUJERES PERIODISTAS AGREDIDAS
El lunes 22 de febrero este año, el Cepet, presentó el informe sobre el estado de la libertad de expresión en México correspondiente a 2009, en el que se indica que el saldo de 2009 representa un aumento de 13 casos (10.23 por ciento más) en relación con 2008, cuando se presentaron 127 casos.
La organización consideró especialmente grave el caso de María Esther Aguilar Cansimbe, reportera de El Diario de Zamora y corresponsal de Cambio de Michoacán, la primera periodista desaparecida en el sexenio y de quien hasta el momento no se tienen datos.
En tanto el 10 de mayo, desconocidos allanaron el domicilio de la periodista Laura Castellanos, quien denunció ser objeto de una larga campaña de acoso e intimidaciones por su trabajo, cuyo capítulo más reciente fue este.
Otra periodista acosada es Lydia Cacho Ribeiro, el lunes 31 de mayo policías municipales intentaron ingresar por la fuerza, al Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) que dirige. En un comunicado de prensa, la periodista denunció que Antonio García Javier, intentó ingresar por la fuerza a las instalaciones del refugio, con la intención de evitar que su esposa e hijos recibieran ayuda psicológica y legal después de ser violentados por él.
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