Ante la «inoperancia y politización» del sistema nacional para activar la Alerta de Violencia de Género (AVG), organizaciones civiles buscan fortalecerlo a través de un amparo para que el Poder Judicial de la Federación establezca criterios básicos, para su eficaz funcionamiento a favor de los derechos de las mujeres.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), y Arthemisas por la Equidad, informaron que presentarán un amparo para impugnar el rechazo de la AVG en Nuevo León (NL).
En conferencia de prensa, las agrupaciones acusaron que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que tiene la facultad para activar la AVG, se convirtió en un mecanismo «inoperante y politizado» que ha rechazado cuatro peticiones de alerta de género en lo que va del presente sexenio.
María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, recordó que para Oaxaca, Guanajuato, Estado de México y recientemente NL, se ha solicitado que se active la AVG para que las autoridades investiguen la sistemática violencia de género, y emprendan acciones de emergencia a favor de las mujeres.
Sin embargo, en las cuatro ocasiones el Sistema Nacional ?integrado por los institutos estatales de las Mujeres y las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública, Desarrollo Social, Salud y Educación Pública, además de otras instancias federales? rechazó las peticiones ciudadanas al considerar que no estaban sustentadas.
El pasado 12 de febrero el Sistema Nacional se reunió para analizar la solicitud referente a la AVG en NL. Las organizaciones consideraron que los 548 asesinatos de mujeres en los últimos 11 años eran una situación extrema que ameritaba ser investigada y, de ser el caso, implementar medidas urgentes.
No obstante, señaló Irma Ochoa, directora de Arthemisas, el Sistema Nacional desestimó los datos presentados por las organizaciones al argumentar que se contabilizaron a las mujeres muertas en el incendio del año pasado en el Casino Royale, un caso de suicidio, y una mujer atropellada, lo que no es violencia de género.
En este contexto, las organizaciones señalaron que, como lo hicieron en enero de 2011 en el caso del Estado de México, interpondrán un amparo ante un juez de Distrito en la Ciudad de México para impugnar el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General), que estipula la AVG.
El artículo 30 del reglamento de la Ley General ?la cual entró en vigor el 2 de febrero de 2007? establece que la AVG tiene por objeto garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades.
AUTORIDADES DEBEN INDAGAR
Sergio Méndez, abogado de la CMDPDH, explicó que el amparo también es para evidenciar que no hubo argumentos válidos para desechar la petición, y reiterar que las organizaciones pueden presentar «indicios» y no sólo «pruebas plenas» para denunciar el feminicidio en alguna entidad federativa.
Es decir, aquella organización que solicite la declaratoria de AVG en un estado está obligada a presentar datos y documentación que indique la probable existencia de una situación de violencia de género que se traduce en delitos contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad jurídica de las mujeres.
Para el abogado es esencial demostrar que los peticionarios de la AVG no siempre cuentan con datos específicos como el lugar exacto de un asesinato o los nombres, edad y características de las víctimas; en todo caso ?sostuvo? este mecanismo es para que las autoridades investiguen esta información.
Confió en que este amparo ?que interpondrán la próxima semana conforme al plazo legal de 15 días después de que se dio a conocer la decisión del Sistema Nacional? proceda con mayor rapidez que el presentado en el caso del Estado de México, que aún está por resolverse.
«La intención de estos litigios es empoderar el mecanismo y no entregárselo a la autoridad. Es no rendirnos ante su inoperancia provocada, deliberada, para que no funcione, hacer que realmente sea un mecanismo de protección de los Derechos Humanos de las mujeres», advirtió.
Méndez dijo que ante la inoperancia de la declaratoria se pone en riesgo la vida de miles de mujeres, pero aseguró que las organizaciones no se rendirán y de ser necesario llevarán el tema hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se establezca una interpretación clara del funcionamiento del Sistema Nacional.
«No podemos permitir que la autoridad boicotee la funcionalidad del mecanismo; los jueces de amparo tienen la finalidad de lograr que el Poder Judicial Federal establezca los criterios básicos a partir de los cuales el sistema debe iniciar los procedimientos de investigación», aseveró.
Los activistas coincidieron en que la AVG es un mecanismo innovador que defenderán en instancias internas, e incluso en el ámbito internacional ante el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés).
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