El Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto en Nicaragua, criticó la tardanza de 36 días para determinar y aplicar el tratamiento médico para salvar la vida de Amalia, la joven nicaragüense con cáncer, a quien se le ha negado un aborto terapéutico, y quien ya recibió su tercera quimioterapia.
En un desplegado publicado en diarios de Nicaragua el 8 de abril, el Grupo Estratégico hizo varias observaciones al informe emitido por el Estado nicaragüense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La primera es que durante 36 días Amalia permaneció sin recibir ningún tipo de tratamiento y con diagnóstico de cáncer.
Otra observación, es que se le aplicó la quimioterapia sin explicarle las posibles repercusiones que puede tener el tratamiento y que los dos medicamentos que recibe son de categoría D cuyo uso conlleva riesgos fetales, por lo tanto, sostuvo el Grupo Estratégico, ése es un riesgo que corresponde decidir a la mujer.
Solicitó a la CIDH que se mantengan las medidas cautelares a favor de Amalia y en tal sentido se respete su vida, salud e integridad personal.
Cabe recordar que la activista Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) junto con otras organizaciones civiles, llevaron el caso de Amalia ante la CIDH quien ordenó al Estado nicaragüense, el pasado 1 de marzo, adoptar una serie de medidas cautelares a favor de Amalia, entre las que se encuentran el acceso a tratamiento médico con el que se busca salvarle la vida.
De acuerdo con informes de la familia difundidos en la prensa local, la salud de la joven es estable y los médicos mantienen la atención especializada con chequeos prenatales cada semana, aunque, resaltaron que esperan los resultados del examen reciente para observar el desarrollo del feto.
Es importante mencionar que existe cierto hermetismo por parte de los galenos en torno a la salud de Amalia y con ello, pocos reportes médicos sobre su posible recuperación.
Desde finales del 2006 se penalizó la práctica del aborto terapéutico en Nicaragua que consiste en interrumpir el embarazo en caso de que la vida de la madre o del feto corran peligro protegiendo así la integridad de la mujer.
Desde entonces, la mortalidad de mujeres por práctica de abortos inseguros se ha incrementado, afirma la organización civil IPAS en su publicación «La muerte materna en Nicaragua: la vida de cada mujer cuenta», donde analiza las tendencias de esta problemática utilizando estadísticas del Ministerio de Salud y detalla la frecuencia, causas momentos y lugares.
De acuerdo con la investigación, mientras en 2007 la muerte materna se ubicó en 82 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, a 2009 se incrementó a 170 por cada 100 mil.
Organizaciones como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, La Sociedad de Ginecología y Obstetricia, la Women´s Link Worlwide de Colombia, entre otras, se han movilizado para revertir la ley que prohíbe el aborto terapéutico en Nicaragua y promover los derechos de las mujeres sobre su salud sexual y reproductiva.
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