La polémica desatada por la decisión de la Comisión Revisora del Código Penal peruano de mantener la legalidad del aborto terapéutico y despenalizar el aborto por violación y por malformaciones congénitas ha dividido al gabinete ministerial, aunque el presidente del Consejo de Ministros se apresure en negar que ello ocasione «fisuras».
Lo cierto es que mientras el ministro de salud, Oscar Ugarte, ha sido muy enfático en declarar que el aborto terapéutico de ninguna manera atenta contra el derecho a la vida, como sostienen diversas confesiones religiosas, otros ministros han mostrado su oposición total a la decisión de la Comisión Revisora.
«Las madres son un factor importante en el hogar porque van a crear más hijos y por lo tanto su muerte es dramática. Estamos en favor del aborto terapéutico, está en el Código Penal y lo vamos a protocolizar. Por encima de eso y previo a eso, estamos en favor de la planificación familiar y los métodos de planificación», dijo Ugarte a la prensa.
Señaló también que no se trata de un problema católico o no católico: «es un problema de vida». Ugarte afirmó que defenderá su posición ante el Parlamento en caso de ser citado, lo que no ha ocurrido hasta el envío de este informe.
Como era previsible, sus declaraciones desataron una polémica entre los propios ministros, encabezados por el de Defensa, Rafael Rey, miembro conspicuo del Opus Dei, quien incluso dijo que renunciará a su cargo de aprobarse la despenalización. Rey también encontró eco en la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Araóz, una de las más carismáticas del régimen de García.
Ella propuso que el Estado asuma dar en adopción a la niña o el niño fruto de una violación, además de brindar atención a la gestante por esta causa. No obstante, no explicó de dónde saldrían los fondos para la implementación de esta propuesta en un país cuyo sistema público de salud está al borde del colapso y donde la tasa de mortalidad materna es la segunda más alta de la región.
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, al negar las «fisuras», dejó entreabierta una pequeña puerta de esperanza, pues calificó a Rey de «muy apasionado sobre ciertos temas» y dijo que el gobierno aún no ha fijado una posición en torno a la despenalización.
Como ha ocurrido en otros países de América Latina, el tema ha dividido a la sociedad. De un lado están los sectores más conservadores de la Iglesia católica y, dentro de ella, los del Opus Dei a la cabeza; del otro, aquellos que apelan al ordenamiento jurídico peruano, cuyo código penal contempla el aborto terapéutico desde 1924, aunque éste no se puede aplicar porque no existe un protocolo para ello, y no ha podido formularse debido a la presión de los grupos conservadores.
Ello ha dado lugar a situaciones extremas como la de la adolescente Karen Llantoy, que en 2002 fue obligada a seguir gestando un feto anancefálico e incluso a amamantarlo, lo que le produjo un profundo choque emocional.
Ella llevó su caso al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que en 2005 encontró al Estado peruano responsable de violar los derechos humanos en un caso de aborto. Así, Perú se convirtió en el primer país del mundo en ser responsabilizado por negar acceso al aborto terapéutico.
UNA SOCIEDAD DIVIDIDA
La prensa tampoco es ajena a la polémica y, aunque los principales medios tratan de brindar una imagen de imparcialidad, recogiendo opiniones de ambos lados, en el desarrollo de las informaciones es evidente el sesgo para impedir la despenalización. Así, un canal de televisión presentó el caso de una adolescente que fue violada por siete soldados durante la guerra subversiva y que intentó abortar, pero no pudo hacerlo, y quien ahora, 20 años después, se ha reencontrado con su familia y es muy feliz.
La estrategia de los grupos que se oponen a la despenalización está basada en tres argumentos: jurídicos, biológicos y clínicos, aunque en el fondo subyacen posiciones religiosas.
Así, en lo jurídico apelan a la Constitución del Perú, que en su artículo segundo protege los derechos de la niña o el niño desde su concepción, y dicen que para aprobar la despenalización haría falta una reforma constitucional.
«El debate real es derechos de la mujer versus derechos de la niña o el niño. Estamos viendo el derecho de las mujeres, pero nos hemos olvidado de que el interés superior del concebido también debe tratarse en forma integral, señaló durante un debate radial la abogada Fátima Castro, especialista en legislación comparada de niños, niñas y adolescentes.
«El Código de Niñas, Niños y Adolescentes establece que el concebido es sujeto de derecho; por lo tanto (si se aprueba la despenalización) vamos a tener contradicciones en el sistema jurídico», indicó.
En cuanto a los argumentos biológicos, diversos médicos centran su opinión en el hecho de que no se puede matar a un embrión, así se sepa que tiene defectos o que ha sido fruto de una violación, porque es un ser humano en formación. «El ser humano es muy valioso así sea maltrecho», dijo a SEMlac el médico obstetra Vicente Santibáñez, con más de 30 años de ejercicio profesional.
En cuanto al aborto en caso de violación, opinó que es un acto de discriminación de la madre hacia el concebido «sin que éste tenga derecho a defenderse». Añadió que «es un hecho científicamente aceptado que la vida comienza desde la concepción; por lo tanto, cualquier interrupción de un ser en formación es un crimen».
Desde el punto de vista médico, varios especialistas afirman que, con los avances actuales de la medicina, los casos de riesgo para la vida de la madre han disminuido drásticamente, al punto de que no representan ni el uno por ciento del total de embarazos.
Sin embargo, Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, ha aclarado que un embarazo por violación y, particularmente, un embarazo por razones eugenésicas o incompatibles con la vida, se convierte es un problema de salud pública.
«Estamos hablando de fetos que son incompatibles con la vida, con gravísimas fallas que no les van a permitir sobrevivir», explicó a SEMlac. Con respecto a las mujeres embarazadas como fruto de una violación, dijo que «jurídicamente no pueden ser obligadas a adoptar comportamientos heroicos como continuar un embarazo no deseado, con toda la enorme carga que implica para su integridad física y mental».
«La mujer tiene el derecho a decidir si continúa o no su embarazo; no puede ser obligada a procrear, ni ser objeto de sanción penal por no hacerlo. Si legalmente se impone esa obligación se propicia un embarazo forzado», indicó.
Chávez también reclama el derecho de la ciudadanía a debatir ampliamente estos temas. «Lo que ha aprobado la comisión revisora es justamente colocar una propuesta para que se debata. No es que una vez aprobada la propuesta se implemente mañana. Por lo tanto, la primera cuestión que debemos ver es nuestro derecho a debatir el tema y no darlo por terminado antes de que pueda colocarse en la opinión pública».
DERECHO A DEBATIR
En ese sentido, representantes de diferentes organizaciones de mujeres han exhortado a políticos y autoridades a rechazar la presión de la Iglesia católica y a garantizar, en el nuevo Código Penal, el derecho a decidir de las peruanas.
Eliana Cano, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir-Perú, exigió al Estado peruano y a sus representantes separar la función pública de sus creencias religiosas. «No gobiernen con base en presiones de un poder religioso, sino como corresponde a un Estado laico», acotó.
«Como mujeres de fe creemos en un Dios más justo, comprensivo, liberador, y tenemos presente que un principio católico es promover la justicia y la equidad. Dios nos regaló el don de la libertad de conciencia para decidir sobre nuestra vida y lo que nos afecta; por eso no se puede aceptar una maternidad impuesta, producto de una violación sexual y del abuso de poder que atropella y humilla nuestro ser», señaló Cano.
Paul Flores, coordinador del programa de derechos sexuales y ciudadanía en salud del centro de la mujer peruana Flora Tristán, explicó que cuando una mujer es violada «sus derechos a la dignidad, a la intimidad, a la autonomía y a la libertad de conciencia son vulnerados y no se le puede obligar a soportar un trauma mayor del que ya sufrió con la violación».
En 2008, la Policía Nacional del Perú registró 7 mil 560 denuncias de violación a la libertad sexual; de éstas, 91.6 por ciento fue contra mujeres, la mayoría en edad reproductiva, es decir, mayores de 14 años (70 por ciento), quienes potencialmente pudieron quedar embarazadas como producto de la agresión.
«Hay que tener en cuenta que el registro de la policía es insuficiente pues, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2004, sólo el 15.8 por ciento de las mujeres acude a las comisarías a denunciar», señaló Chávez.
En el actual Código Penal peruano, la pena privativa de libertad es de tres meses para las mujeres que aborten por violación fuera del matrimonio.
Las organizaciones feministas, de mujeres y de derechos humanos realizarán un plantón el próximo 20 de octubre, día en el que los miembros de la Comisión Revisora del Código Penal deberán repetir su votación debido a la fuerte presión ejercida por los representantes de la Iglesia católica y de los grupos conservadores.
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