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Aprobar la reforma judicial nos dejará en estado de indefensión: Olamendi

Por Lourdes Godínez Leal

Ante la posible aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma al sistema de justicia penal, ONG de derechos humanos enviaron ayer por la tarde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los relatores de Naciones Unidas información “urgente” en la que se considera que en esta iniciativa prevalecen elementos contrarios a las garantías del debido proceso y el respeto pleno a los derechos humanos en México.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informó hoy lo anterior y agrega que esta es la segunda ocasión que se presenta el tema en la CIDH.

En octubre del año pasado las organizaciones civiles acudieron a una audiencia temática en la CIDH donde expusieron varias preocupaciones de las ONG, la fundamental fue que se aprobara una iniciativa de reforma en los términos en que se encuentra en la actualidad, ya que contiene puntos como elevar a nivel constitucional las figuras de arraigo y allanamientos sin orden judicial, las cuales con violatorias de los derechos humanos.

Al presentar esta información “urgente” las ONG dan seguimiento al tema presentado en octubre pasado ante esta instancia internacional, con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), y hacen un nuevo llamado para que se atiendan las violaciones a los derechos humanos en nuestro país.

La discusión en primera lectura de las reformas al Sistema de Justicia Penal se programó para el día de hoy en la Cámara de Diputados, sin embargo su análisis y posible aprobación se pospuso para la sesión de la próxima semana, el martes 26 de febrero.

En el comunicado, organizaciones civiles como el Prodh, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos y Abogadas y Abogados para la Justicia hicieron un llamado a las y los legisladores a no limitar las garantías procesales propias de un Estado de derecho democrático, ya reconocidas en los tratados internacionales ratificados por México, “en aras de un siempre incierto combate contra el narcotráfico”.

Señala que las ONG han resaltado que las acciones preventivas y de persecución a la delincuencia organizada y el narcotráfico deben darse con pleno respeto a los derechos humanos, por lo que “legalizar” en la Constitución un proceder contrario, sienta las bases para su violación.

ESTADO DE INDEFENSIÓN

Al respecto, la experta en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Patricia Olamendi Torres, señaló que uno de los principales problemas que enfrenta México es la falta de respeto a los derechos humanos y, de aprobarse la iniciativa de reforma judicial, “quedaremos en un estado de indefensión”.

Ya que, enfatizó, esta iniciativa no garantiza la protección de los derechos humanos en nuestro país y da más “poder” a MP y policías que son más corruptos que antes.

La ex subsecretaria para temas globales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, consideró que antes de “priorizar” esta reforma se tuvo que haber realizado una revisión de las más de las 400 recomendaciones que organismos internacionales han hecho a México en esta materia, específicamente en la actuación de policías, MP y jueces.

En su opinión, estamos en el México de los 70 –época que se conoce como la Guerra Sucia contra la guerrilla– “lo cual me parece gravísimo”, subrayó.

Como también lo es la ausencia de las y los legisladores y en particular del Partido de la Revolución Democrática (PRD) quien en su opinión, lejos de votar en contra y sólo oponerse, debieron haber puesto sobre la mesa propuestas serias en materia de derechos humanos.

La feminista y experta en violencia de género lamentó que no hay garantía de que con esta reforma, la policía y el MP mejoren porque “los hechos hablan de un sistema de procuración de justicia mucho más corrupto que antes y darle más poder a estas instancias me parece que es un problema muy serio”.

Para Olamendi Torres lo más preocupante de la reforma es la ausencia de los derechos humanos y el poder que se aumenta para el aparato de justicia, ya que una vez que tengan éste y teniendo más facultades de intervenir en muchos casos so pretexto de combatir la delincuencia y el crimen organizado y, ante la ausencia también de una definición clara de ambos, colocan a la ciudadanía “en un estado de indefensión”, insistió.

La ex funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo un llamado para insistir en que hay más de 400 recomendaciones internacionales que deben tomarse en cuenta, para conocer cómo nos están viendo en el exterior en el tema de justicia.

Eso ayudaría, dijo, a pensar y proponer una reforma seria con una visión diferente de la que ha sido consensada entre las y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).

08/LGL/CV

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