Aprobar la solicitud de ocho diputadas para separarse de sus funciones por tiempo indefinido, reforzaría aún más la falta de credibilidad que existe en el país hacia los partidos políticos, pues no es un tema menor, sino «es un problema nacional, de la democracia en México. No es únicamente problema de las mujeres que hoy están pidiendo licencia», afirmó Martha Sánchez integrante del Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres.
En conferencia de prensa señaló que en la petición hecha el jueves pasado por las ocho diputadas en San Lázaro, están involucrados varios actores, empezando por los partidos políticos y sus dirigencias, «Es lamentable escuchar razones muy particulares que se pretenden dar y más lamentable aún escuchar las dirigencias de los partidos que esto fue planeado, «que no es una acción que este sustentada en motivos legales sino en motivos de fuerza mayor».
Además subrayó que en esta discusión también hay que tener en cuenta la historia de los hombres que ocuparán los lugares de las diputadas; «no son cualquier hombre en este país, hay que ver a dónde pretenden llevar las legislaciones y por qué llegaron por la puerta de atrás, si son hombres dignos debieron de haber llegado por la puerta digna de este país que tiene ya estipulados los pasos para llegar a ser legislador».
Por su parte Paz López Barajas, aseguró que de aprobarse las solicitudes de las diputadas, estaremos frente a una «torcedura de la ley», lo que tiene implicaciones con los compromisos internacionales que México ha signado en esta materia y en los que se compromete hacer todo lo posible como Estado para la participación política de las mujeres.
Consideró que el señalamiento no es solamente a los partidos políticos, si no también al Instituto Federal Electoral (IFE) y a los distintos ordenes de gobierno el pronunciarse sobre este hecho, «si bien es cierto los partidos tuvieron una estrategia detrás para hacer estos cambios, sabemos que el IFE reviso listas de registros y esa trampa demuestra que había una estrategia detrás».
Martha Sánchez agregó que esta situación marca un retroceso en los logros obtenidos por luchas y conquistas de las mujeres en México, constituyendo una violación a las legislaciones obtenidas, por lo que llamo a la ciudadanía en general a manifestar su repudio a este tipo de acciones ya que a su ver las mujeres no pueden retroceder en conquistas ya obtenidas.
En su momento Alejandra Latapí Renner –a nombre del Consejo Ciudadano: integrado por académicas, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), consultoras de organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Programa de Naciones Unidas para le Desarrollo (PNUD)– reprobó lo ocurrido en San Lázaro, además reprobó la manera en que fueron presentadas sin ninguna justificación legal y sin ninguna razón que lo avale. De aprobarse lo solicitado serían 500 diputadas y diputados que dejaría esta primera en la percepción ciudadana que se dará cuenta como se conducirán.
«El tema no es menor, no es como muchos actores políticos lo han querido hacer creer este un tema de apego democrático, al Estado de derecho».
Las integrantes del Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres convocaron a las y los ciudadanos a repudiar esta acción a través de un paquete de firmas que se encuentran preparando para entregarlas al Congreso de la Unión junto con un pronunciamiento. La página para firmar el documento es: http://consejociudadanomujeres.blogspot.com/
FRAUDE
Por su parte la Senadora del PRD, Claudia Corichi García, señaló que con este tipo de acciones se burla, la disposición legal y se comete un fraude.
En comunicado de prensa, llamó a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado para dictaminar a favor de una iniciativa presentada por ella en marzo de este año e impulsada por un grupo de 10 senadoras.
Con dicha iniciativa se pretende modificar el Artículo 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), con ella se busca que en las listas de representación proporcional, integradas por segmentos de cinco candidaturas, haya como mínimo dos para mujeres y que, quien sea designado como suplente de la candidata propietaria, sea también mujer.
Informó que si bien la ley prevé que por lo menos 30 por ciento de candidatos a diputados y senadores deberán ser de un género diferente, en la práctica solo un 21.4 por ciento son mujeres, contra un 78.6 por ciento de legisladores, ya que, por «diversas causas», no todas las candidatas se convierten en legisladoras.
Las legisladoras que presentaron su renuncia son: Laura Elena Ledesma Romo, Kattia Garza Romo, Mariana Ivette Ezeta Salcedo y Carolina García, del PVEM; Ana María Rojas Ruiz y Yulma Rocha Aguilar, del PRI; Anel Patricia Nava Pérez, del Partido del Trabajo (PT), y Olga Luz Espinosa Morales, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
09/GTR/GG
