La Cámara de Diputados aprobó el establecimiento de un sistema integral de justicia para menores, que sustituirá el actual sistema tutelar por una estructura de ministerios públicos, tribunales e instituciones especializadas para garantizar el derecho al debido proceso a las personas mayores de 12 y menores de 18 años.
El nuevo esquema, que permitirá el acceso a la justicia a los menores que hayan infringido la ley, podría estar funcionando a fines de este año, una vez que la reforma al artículo 18 constitucional sea también aprobada por los congresos locales, informó la diputada Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión Especial de la Niñez, la Adolescencia y las Familias.
En entrevista con Cimacnoticias, la legisladora, quien fue una de las promotoras de la reforma, explicó que el Congreso de la Unión deberá establecer las previsiones necesarias en el Presupuesto de Egresos 2006 para conformar el nuevo sistema penal.
Destacó que las legislaturas de los estados que han disminuido la edad penal para ser sujetos de responsabilidades a menores de 14 a 17 años deberán también hacer las reformas necesarias para unificar el criterio de que todos los menores de 18 años que infrinjan la ley sean sancionados conforme al nuevo sistema creado específicamente para ellos.
La reforma, sostuvo, no resolverá el problema de la delincuencia juvenil, ya que esa tarea es responsabilidad del Ejecutivo Federal, que debe encararse con políticas públicas, pero otorga por fin a los adolescentes todas las garantías procesales establecidas en la Constitución.
Uno de los puntos más importantes, señaló, es que los adolescentes sólo podrán ser privados de su libertad por los delitos graves establecidos como tales, para lo cual serán internados en centros especializados que promuevan su readaptación y su reinserción a la sociedad.
En el caso de los delitos no graves, explicó, se plantea una serie de medidas alternativas con las que, también, se pone fin a la criminalización de la pobreza, porque hasta ahora los jóvenes infractores no eran sancionados en función del ilícito que cometían, sino de su condición y situación social.
«Es un sistema arbitrario, que no se basa en el hecho o conducta desplegada por el menor», afirmó.
La reforma constitucional ha recorrido un largo camino desde que se presentó la iniciativa correspondiente por senadores de varios grupos parlamentarios en noviembre de 2003, como parte de los compromisos internacionales adquiridos por México al suscribir la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Su aprobación constituye el punto culminante de un movimiento mundial a favor de la niñez, para sustituir el modelo de la «Situación Irregular» que concebía a los menores de edad como objetos de «tutela-protección-represión», y no como sujetos de derechos.
A partir de la Convención se adopta y promueve el modelo conocido como de la «Protección Integral» o «Garantista», que concibe un «sistema de responsabilidad juvenil o de adolescentes» basados en los conceptos del derecho de mínima intervención o sistema garantista de derecho de justicia juvenil.
La principal garantía, en relación con los adolescentes, es que cuando éstos cometan una conducta que esté descrita en los códigos penales como delito, éstos sean juzgados por tribunales específicos, con procedimientos específicos y que la responsabilidad, por tanto la sanción, del adolescente por el acto cometido, se exprese en consecuencias jurídicas distintas de las que se aplican en el sistema de adultos.
05/LG/GM
