La Cámara de Diputados aprobó el decreto que expide la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, que reforma y adiciona la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que reforma y adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales, y que reforma, adiciona y deroga el Código Penal Federal.
Con 396 votos a favor, cero en contra y una abstención, el decreto fue aprobado en lo general y en lo particular, por lo que se devuelve al Senado de la República para su aprobación.
El dictamen señala que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, llevarán a cabo o colaborarán en la realización de programas permanentes para prevenir este delito.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación, Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), son algunas de ellas.
Para Fabiene Venet, directora de la organización civil Sin Fronteras, la Ley de Trata de personas aprobada hoy en la Cámara de Diputados, tiene dos puntos preocupantes: que la participación de la sociedad civil estará sujeta a invitación y que la protección de la justicia a las víctimas de trata extranjeras está condicionada.
En entrevista telefónica, la directora de Sin Fronteras, organización que estuvo muy al pendiente de la elaboración de la Ley, señaló que se hicieron pequeñas modificaciones al dictamen aprobado por el Senado en la legislatura pasada, entre las que están al Artículo 13, que establecía la creación de un Programa Nacional para prevenir y sancionar la trata de personas, y que debería incluir políticas públicas en esta materia y protección a las víctimas con la participación de la sociedad civil.
Programa que fue cambiado por una Comisión intersecretarial que establece que podrán participar para efectos consultivos, las organizaciones civiles, académicos y expertos en el tema sólo con invitación para hacerlo.
Pero lo más grave, indicó Vienet, es la modificación al Artículo 18 de la Ley en su capítulo cuarto fracción tercera, donde se establece que se otorgarán facilidades a las víctimas de trata extranjeras para permanecer en el país, mientras dure el proceso judicial, lo que a decir de Fabiene Venet, «condiciona y discrimina» a la víctima.
«La víctima no podrá permanecer en el país si no está involucrada en un proceso judicial para acceder a la protección de la justicia, lo cual me parece sumamente grave porque conocemos el impacto que tiene para una víctima en términos psicológicos y de su propia seguridad vivir una acción judicial», enfatizó.
La representante de Sin Fronteras señaló que cualquier ley es perfectible, lo que se necesita ahora, sostuvo, es contar con un marco que nos permita tener herramientas para empezar a combatir este flagelo al tiempo que indicó, buscarán entrevistas con las y los legisladores para perfeccionar la ley.
LAS VÍCTIMAS
En noviembre de 2005, el Senado de República aprobó la Minuta sobre de la Iniciativa que crea la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que adiciona la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales.
Días antes a esta aprobación, diversas ONG de defensa de derechos humanos en México urgieron a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura a emitir «el dictamen que permita continuar la aprobación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales», con el fin de atacar el grave problema de la trata de personas.
En un boletín del Centro de Derechos Humanos del Migrante, AC, firmado por más de 15 OSC, señalan que México «no está exento de las conductas que manifiesta este delito: la explotación sexual o laboral de mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad».
Las víctimas, aseguraban, se localizan a lo largo de las áreas fronterizas, urbanas y turísticas. La mayoría de las víctimas son de origen mexicano y centroamericano; sin embargo, también provienen del Caribe, de Sudamérica, Asia y Europa del Este.
Blanco vulnerable del delito son, además de los nacionales, las y los migrantes, ya que nuestro país es un país de origen, tránsito y destino de este crimen y sus fronteras se encuentran entre las más complejas del mundo.
Campesinos mexicanos y centroamericanos han sido víctimas de trata con el fin de ser llevados desde México al interior de los Estados Unidos para trabajos forzados.
Existen zonas o regiones de estos países que pueden incluir los puestos fronterizos, donde se facilita la operación de los tratantes ya sea por las características socio-económicas del lugar o por la inadecuada vigilancia por parte de las autoridades en detectar este tipo de casos.
Las ONG afirman que en México no existen cifras oficiales de la magnitud e incidencia de la trata de personas, y sólo se cuentan con algunas cifras de organismos internacionales, como los veinte mil niños mexicanos y centroamericanos de que habla el Quinto Informa Anual del Departamento de Estado de EU sobre trata de personas, pues a diferencia de otros países, nuestro país no tiene tipificado el delito, e inclusive, se le confunde con el delito de tráfico ilícito de migrantes, o sólo se considera la trata para fines de la explotación sexual.
El boletín estaba firmado por: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Convergencia de Organismos Civiles para la Democracia, Centro de Derechos Humanos del Migrante, Frontera con Justicia, Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres, Academia Mexicana de Derechos Humanos, Red por los Derechos de la Infancia, Foro Migraciones. INCIDE, Social, Deca Equipo Pueblo, Democracia y Sexualidad, FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, Alianza Cívica y Sin Fronteras.
EL ACUERDO DE HOY
Respecto a la Ley aprobada hoy en la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Maricela Contreras Julián, comentó: «Yo creo que tendremos que estar haciendo las vinculaciones correspondientes con el Senado para que esta iniciativa pueda aprobarse allá y tengamos un marco normativo que proteja contra la trata de personas, sancione a los responsables y se atienda de manera adecuada a las víctimas», externó la perredista.
En entrevista con Cimacnoticias, Contreras Julián declaró que la falta de un marco jurídico en México ha propiciado que sea «una actividad ilícita de delincuencia organizada, que tiene varias aristas en nuestro país. Es una de las actividades (la tercera) que deja más recursos económicos de manera ilícita.
El grupo parlamentario de Nueva Alianza, en voz de la diputada Mónica T. Arriola Gordillo, denunció que la cara de la trata de personas en México es la pobreza, discriminación, desigualdad, falta de oportunidades económicas, del desconocimiento y la promesa de beneficios materiales a las que se enfrentan muchas personas en nuestro país.
La legisladora destacó que la minuta con proyecto de decreto que se discutió ayer trae a la vida jurídica la tipificación de esta conducta socialmente intolerable, que hasta ahora encontraba huecos importantes en nuestra legislación.
Con esta ley, dijo Mónica Arreola, se busca cubrir la carencia de normas concretas que permitan prevenir y sancionar, de manera efectiva, la trata de personas en México, por lo que una de las funciones de las y los legisladores es la de perfeccionar la ley y adecuarla a la legislaciones locales para hacerla efectiva.
07/MLT y LGL/GG/CV
