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Aprueban reforma del artículo 18 constitucional

Por Esther de la Rosa

La reforma del artículo 18 Constitucional que permitirá por decreto la construcción de un nuevo sistema integral de justicia penal juvenil ya es un hecho, afirmó esta mañana la diputada perredista Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familiar. El anuncio se hizo en la reunión de trabajo celebrada hoy en la Cámara de Diputados y organizada por la Comisión con las y los Titulares de los Consejos Tutelares del país. .

Con la aprobación del proyecto por 22 congresos locales del país se ha alcanzado holgadamente la mayoría del 50 por ciento de estados más uno necesaria para efectuar la reforma. Cuando se emita la Declaratoria de aprobación, que la diputada espera que se produzca la próxima semana, se hará el anuncio en el Diario Oficial de la Federación.

A partir de esa fecha, en nueve meses, los estados y el Distrito Federal deberán haber efectuado el tránsito al nuevo modelo, lo que implica la creación de nuevas leyes, órganos e instituciones.

La aprobación del nuevo modelo “es un hecho trascendental y la primera gran reforma estructural”, aseveró De la Peña al referirse a este decreto, el cual establece las bases de un modelo de responsabilidad penal juvenil para personas entre los 12 y 18 años, y que considera la privación de libertad como el último recurso; ésta podrá aplicarse sólo a los mayores de 14 años. Se contemplan, además, medidas alternativas para los infractores como, el trabajo social.

A diferencia del actual modelo, que deja en manos de las autoridades administrativas los procedimientos penales de las y los menores, el nuevo estipula la creación de un sistema independiente de justicia para las y los adolescentes con jueces y ministerios públicos especializados, quienes determinarán si se cometió o no una infracción penal.

En entrevista con Cimacnoticias, la diputada sostuvo que es urgente homogeneizar las distintas leyes sobre menores de los estados bajo una ley que cumpla con las disposiciones marcadas por la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México en 1990.

Bajo esos principios rectores, luego cada estado podrá adaptar la ley a sus condiciones específicas. La Comisión también trabaja en la búsqueda de apoyo presupuestario para implementar las medidas, “y tratamos de convencer al Ejecutivo de que no es un gasto, sino una inversión”, sostuvo la funcionaria.

La reforma, que se aplica al párrafo IV y adiciona los párrafos V y VI, “cuenta con apoyo del ejecutivo”, dice la diputada, quien también afirmó que, sin embargo, ella prevé que encontrará “gran resistencia” de varios de los titulares de los consejos tutelares, quienes durante el foro enfatizaron estar en contra de a la posible judicialización de los procesos penales de las y los jóvenes que implica la reforma.

Asimismo, algunos de ellos afirmaron que la reunión que sostuvieron esta mañana era tardía. Por su parte, Alejandra Vélez de Aguilar señaló que el encuentro no fue el final, “sino un principio para abrir la puerta de un nuevo sistema” en el que se tendrán en cuenta las recomendaciones de los titulares de los consejos para menores que defienden el antiguo modelo.

Vélez denunció que el sistema anterior a la reforma es acusatorio; no garantiza los derechos de los adolescentes; no establece tampoco sus obligaciones ni repara los derechos de las víctimas de los delitos cometidos por las y los menores.

Algunas voces críticas dentro del foro hablaron también de la falta de medidas preventivas dentro de la reforma pero, para Angélica de la Peña, las tareas de prevención no corresponden a los consejos tutelares, sino “a cada presidente municipal”, que es quien tiene que ocuparse de velar por todos los derechos de las niñas y los niños para que no haya menores en la calle ni más trabajo infantil.

Con la opinión de la diputada coincidió Mauricio González Oviedo, oficial de Políticas Públicas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) México, organismo que ha apoyado esta iniciativa. Para él, el motivo de la resistencia para aplicar esta ley por parte de algunos de los presentes es “una situación normal en la que prima el interés corporativo de un sector que tiene mucho poder sobre la vida de las personas”.

González declaró a Cimacnoticias que “los pobres son los verdaderos clientes del sistema tutelar”, en referencia al sistema que rige en la mayoría de los estados mexicanos la política judicial para las y los menores. En su opinión, el sistema es discriminatorio; no tiene en cuenta el contexto social de los individuos y mezcla en los centros a menores que cometieron delitos graves, como el homicidio, con niñas, niños y adolescentes que sólo cometieron un robo.

Para la diputada De la Peña, esa mezcla de menores en el mismo centro, “es un coctel explosivo” que se traduce en que mucha y muchos menores se convierten en delincuentes. Por ello, considera que es necesario catalogar los tipos de delitos y que las medidas sean proporcionales a la conducta realizada.

La reincidencia es para ella “la crítica más feroz” que puede hacerse al actual sistema; según datos del Consejo de Menores, entre enero y diciembre de 2003, del total de los 3 mil506 menores que ingresaron en un centro, 812 eran reincidentes.

05/ER/YT

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