Por decreto del Poder Ejecutivo, el gobierno argentino prohibió ayer la publicación de avisos clasificados de oferta sexual, conocidos como «el rubro 59».
La veda es general para avisos «publicados en cualquier medio», aunque el texto obliga a monitorear «medios gráficos», sin abarcar internet y televisión.
El anuncio lo hizo la presidenta Cristina Fernández, quien evaluó la decisión como «un gigantesco paso en la lucha contra la trata» y definió a los avisos como «un vehículo en la comisión de este delito» y «una profunda discriminación hacia la condición de la mujer como tal».
Además, comparó que mientras la trata con fines sexuales o laborales se aborda periodísticamente como problema, en los mismos diarios está la oferta sexual «que les deja pingües ganancias a las empresas». Esta doble moral, no obstante, estaba bajo la lupa de los tres poderes hace tiempo.
Por ejemplo, había sido escrutada por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) en su informe técnico 060/09, titulado «Opinión sobre avisos clasificados de oferta de sexo con contenido agraviante desde la perspectiva de género».
Este documento dejó de estar disponible en la web del organismo pero puede rastrearse en parte en el segundo informe anual 2010 de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase) de la Procuración General de la Nación, que lo toma junto a uno de la Fiscalía General de Mar del Plata sobre el diario La Capital, para afirmar que la publicidad de servicios sexuales «resulta parte de una operatoria directa o indirectamente vinculada a la trata de personas».
También en el Parlamento había proyectos sobre la cuestión. Uno de ellos, presentado por el oficialismo hace un mes en Diputados, propone castigar la difusión implícita o explícita de comercio sexual con multas de entre 12 mil 500 y 125 mil dólares y restringir a esos medios la pauta publicitaria estatal durante un mes.
El otro proyecto, de la opositora Coalición Cívica, es parte del que busca reformar la actual «Ley de Trata» (cuestionada en varios aspectos, como ha publicado Cimacnoticias), cuyo tratamiento está congelado.
En la misma sintonía, en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires una senadora oficialista presentó recientemente un proyecto de ley para dejar sin publicidad oficial a quienes publiquen avisos que promueven contactos sexuales o similares.
Los avisos que llenan el rubro «acompañantes» de los periódicos argentinos (o se mezclan en otros rubros) suelen usar de anzuelos la edad («jovencita», «bebota», «nena») y el lugar de origen («colombiana», «garota») de las supuestas oferentes.
Además, como señalan los fundamentos de uno de los proyectos de ley, suelen esconder la oferta de sexo tras prácticas como «relax», «masajes» o «contactos para adultos».
Capítulo aparte merecen las connotaciones raciales, y un caso paradigmático lo constituye el diario El Tribuno, de la provincia de Salta. En sus páginas de clasificados son frecuentes avisos que subrayan si la supuesta oferente es «blanca», «blanca y bonita» o «blanca y de ojos celestes».
El trabajo de la Ufase, que elaboró recomendaciones para que las investigaciones de los fiscales tomen como fuentes los avisos publicados en medios, así como la cruzada de organismos gubernamentales y no gubernamentales comprometidos con la problemática, y un comunicado del Foro del Periodismo Argentino, parecen haber empezado a dar frutos.
Por un lado, algunos productores de mensajes masivos comenzaron hace algún tiempo a retirar de sus páginas los clasificados sexuales. Los periódicos pioneros fueron La Arena, de La Pampa; La Mañana, de Neuquén, y El Tiempo, de Pergamino.
Por otro lado, algunas organizaciones emprendieron el retiro de cientos de avisos en medios impresos y web que permitieron concretar allanamientos a locales donde operaban presuntas redes de trata. Cabe recordar que en Argentina están prohibidos el proxenetismo y los prostíbulos, pero no la prostitución; y que la reforma a esa ley es una cuenta pendiente.
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