En la violación a los derechos humanos, México ya cruzó «la línea roja», afirmó aquí Giulia Tamayo, de Amnistía Internacional (AI).
Integrante del equipo de abogados de AI, explicó que cruzar esa línea significa que ya nadie para los abusos, la impunidad, la violación a las normas y el uso de la vejación sexual como tortura, en casos donde la responsabilidad es de la policía y del gobierno.
Giulia Tamayo estuvo presente en una mesa redonda donde se informó que Bárbara Italia Méndez será testigo en la denuncia contra la policía mexicana que hizo la catalana Cristina Valls detenida, deportada, violada y reprimida el 4 de mayo de 2006 en Atenco, Estado de México.
La abogada, responsable de la Campaña de AI sobre la violencia contra las mujeres, afirmó que las violaciones en Atenco contra más de 200 personas y en la que fueron atacadas 47 mujeres reúnen las 3 preocupaciones de AI: tortura impunidad y ausencia de justicia.
En la reunión Bárbara Italia y Cristina Valls explicaron cómo sucedieron los hechos de Atenco, hace casi dos años, sin que hasta ahora el gobierno mexicano haya hecho justicia. Todavía están en la cárcel 16 atenquenses, 3 de ellos con sentencia de 64 años de cárcel y continúa presa Patricia Romero.
Los informes de los hechos, dijo Tamayo, indican que hubo toda clase de pruebas, pero «el sistema judicial mexicano se ha fallado», lo que se agravó en el cambio de gobierno, porque el actual procurador de justicia del país, Eduardo Medina Mora, era en mayo de 2006 el jefe de Seguridad del Estado de México, por eso «no hay interés» y ya se puede hablar de impunidad, violación a los derechos y ausencia de justicia.
También AI ha comprobado la debilidad de la defensa de los derechos humanos en México, puesto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene poco peso jurídico para actuar y no tiene jurisdicción en ningún caso.
Bárbara Italia, que ya estuvo en Valencia la semana pasada y permanecerá algunos días en Madrid, dijo que no se ha interpuesto aún una denuncia en tribunales internacionales y que la fiscal Guadalupe Morfín, encargada de los delitos contra las mujeres, no ha actuado, a pesar de que hace 3 meses que se solicitó su intervención.
Morfín sustituyó en el cargo a la doctora Alicia Pérez Duarte, quién, según dijo Bárbara Italia, tampoco actuó, a pesar de que las mujeres violadas y vejadas admitieron todos los exámenes médicos, declararon repetidamente y sustanciaron sus denuncias de los abusos policíacos en Atenco.
De la misma manera Cristina Valls dijo al auditorio que además de los golpes y la violación sexual que sufrió, fue deportada a España sin el procedimiento adecuado. Dijo que espera que a través de la Audiencia Nacional de España se haga justicia.
La reunión denominada Justicia Universal y Derechos Humanos: Caso de Atenco, contó con la participación de VivianaWaisman y Paloma Soria, directora y abogada de la causa, de Women’s Link Worldwide.
Hasta ahora la denuncia de Cristina Valls, interpuesta el 25 de marzo pasado, no ha sido admitida por la Audiencia Nacional, no obstante se espera que se nombre un juez próximamente y se haga el procedimiento contra la policía mexicana, que permite la legislación española.
Las integrantes de Women’s Link explicaron que es la primera ocasión en que se presenta un caso de violencia de género en la audiencia.
Hasta ahora en España y en otras partes del mundo se mira con interés este proceso que ya ha ocupado las páginas de diarios, de la red online y de grupos, como la Asociación Pro Derechos Humanos de España que patrocinó la mesa redonda.
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