Mientras siguen «esperando justicia» las 26 mujeres agredidas sexualmente por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en los operativos del 3 y 4 mayo en San Salvador Atenco y Texcoco –siete de las cuales continúan presas en el penal de Santiaguito– los responsables de estos operativos continúan negando haber realizado actos de tortura contra las mujeres y hombres de estas poblaciones del estado de México.
Diversos organismos civiles de defensa de derechos humanos nacionales e internacionales han constatado que sí hubo tortura durante estos operativos, pero funcionarios del gobierno federal se niegan a aceptarlo, haciendo caso omiso de informes e incluso de la recomendación del ombudsman federal, José Luis Soberanes, como ocurrió este fin de semana con el secretario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Eduardo Medina Mora.
Aunque hasta ahora, tanto la SSP como la Procuraduría General de Justicia del Estado de México han rechazado que en estos operativos haya habido tortura, el informa del Estado mexicano, presentado durante la reunión que el Comité Contra la Tortura (CAT) la semana pasada en Ginebra, Suiza, reconoció que durante los operativos de Texcoco y Atenco sí existió.
Las mujeres de Atenco fueron tocadas, insultadas, humilladas, golpeadas y sometidas a la burla por su condición de mujer, lo que deja secuelas muy dramáticas y difíciles de borrar.
Por ello, el CCTI y otros organismos consideran que el Estado es el responsable de esta tortura y por lo tanto está obligado a reparar el daño en todos los niveles de estas mujeres y sus familias.
INFORMES VAN Y VIENEN
De mayo a la fecha, se han presentado dos informes sobre los hechos del 3 y 4 de mayo: el de la CNDH y el del CCIODH, que refuerzan lo anterior: la presencia de tortura.
Las peticiones de organismos como el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), Amnistía Internacional (AI), la ONU y organismos internacionales de derechos humanos, así como las recomendaciones hechas incluso por expertas del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)– en donde piden al gobierno mexicano otorgar a la Fevim la facultad para procesar y castigar a los culpables de los hechos de Atenco? han sido las mismas: justicia para las mujeres y castigo a los responsables.
Pese a que el caso Atenco ha dado prácticamente la vuelta al mundo, al ser presentado en diferentes foros internacionales, el futuro de estas mujeres permanece incierto, toda vez que si el gobierno mexicano no acata las recomendaciones nacionales difícilmente podrá tomar en cuenta las internacionales, aunque con ello contradiga los tratados y convenios internacionales que ha signado en la materia.
06/LGL/GG
