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Aún esperan indulto 17 salvadoreñas presas por abortar

Por Gloria López

“Ser mujer en El Salvador es un riesgo”, aseguró Alejandra Burgos, teóloga, filósofa y sobre todo activista feminista.
 
Ella está en Madrid para participar en los cursos de verano de Amnistía Internacional (AI) y en diversos actos y encuentros en los que habla de la vulneración de los Derechos Humanos (DH) que implica la penalización del aborto en su país, y lo que supondría para España en caso de que se apruebe el Decreto Ley que ha preparado el gobierno. Cimacnoticias/Amecopress conversó con ella.
 
La crueldad y presiones que reciben las mujeres que quieren abortar en El Salvador saltó a la comunidad internacional a partir del caso de Beatriz, la joven a quien se le prohibió abortar pese a que su embarazo ponía en peligro su vida y el feto era anencefálico (sin cerebro).
 
En aquella ocasión, numerosas organizaciones, entre ellas AI, y representantes institucionales impulsaron una campaña para apoyar a esta mujer y pedir que se le permitiera abortar y salvar su vida. Beatriz fue sometida finalmente a una cesárea y hoy sigue recuperándose de las secuelas de aquella situación.
 
Pero su caso “removió las conciencias” y facilitó que otras situaciones vieran la luz. Como el caso de las 17 mujeres que fueron acusadas por haber cometido homicidio agravado o asesinato cuando en realidad tuvieron un “parto precipitado” y que purgan penas hasta de 40 años de cárcel.
 
En El Salvador está penalizada cualquier forma de aborto, incluso la que puede poner en peligro la salud y la vida de la mujer.
 
“Tenemos un aparato judicial indulgente con los hombres, pero terriblemente severo e injusto con las mujeres”, dijo Alejandra Burgos.
 
“Lo que existe es un ensañamiento penal contra las mujeres que han tenido una interrupción del embarazo, sea de forma involuntaria o, como en la mayoría de los casos, de abortos precipitados”, agregó.
 
El pasado mes de abril organizaciones feministas de El Salvador junto a la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, presentaron a la Asamblea Legislativa 17 solicitudes de indulto, “uno por cada mujer condenada en circunstancias sumamente injustas”.
 
Para todas ellas no hay otro camino al haberse agotado las posibilidades de defensa judicial por otras vías, aunque Burgos reconoció que de algún modo “indultar es pedir perdón y ellas no han hecho nada que justifique haber sido juzgadas”.
 
También hay una campaña internacional que pide la solidaridad de las personas que desean que las 17 mujeres recuperen su libertad y tengan la oportunidad de volver con sus familias y rehacer sus vidas.
 
La situación en El Salvador es “grave”, sostuvo Burgos. En la mayoría de los 17 casos, las condenadas tuvieron lo que se llama en la gineco-obstetricia “partos precipitados”, que es una categoría o situación que ocurre de dos a tres horas; puede llegar con o sin contracciones, sin previo aviso; muchas veces hay sangrados, pero ocurren por lo general fuera de los hospitales.
 
“Muchas no tuvieron controles prenatales por sus circunstancias de pobreza. Inclusive algunas de ellas totalmente desprotegidas”, aseguró. “En muchos casos no fueron ellas las que decidieron acudir a los hospitales, sino que fueron llevadas por familiares al encontrarlas ensangrentadas en sus casas o en las letrinas”.
 
Pero esas mujeres fueron transferidas a las instancias judiciales y la fiscalía ordenó procesarlas por homicidio agravado, que tiene penas entre 30 y 40 años de cárcel.
 
“Vale aclarar que en ningún caso de estas 17 hay una prueba directa, o que se haga constar que ellas han actuado para quitar y terminar la vida de la criatura que estaba engendrando”, enfatizó la defensora de DH.
 
“Hemos presentado recursos de revisión y todos han sido denegados, con lo cual ya no hay alternativa o camino por el sistema judicial para que ellas salgan de la cárcel”.
 
MACHISMO INSTITUCIONALIZADO
 
En El Salvador la modificación del Código Penal en 1998 cambió la situación, ya que hasta entonces el aborto era posible en los supuestos ético, terapéutico y eugenésico, y desde ese momento esa práctica se penalizó en todas sus formas.
 
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, en la que trabaja Burgos, considera que esa nueva legislación ha desembocado en una “gran regresión de los derechos de las mujeres”.
 
La joven activista consideró fundamental “dialogar, hablar del tema en las instituciones, en los medios de comunicación, en la calle”.
 
Hay indicadores positivos: crece el número de personas –sobre todo mujeres– que se suman a los grupos que defienden los derechos sexuales y reproductivos desde el enfoque de los DH, y también el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas publicó una encuesta que revelaba que el 52 por ciento de la población estaba a favor de la despenalización del aborto.
 
Un brote de esperanza en un contexto duro y violento. El Salvador es “un país machista en el que existen muchos estereotipos de género y las activistas por los derechos de las mujeres nos jugamos la vida”.
 
Según el “Diagnóstico 2012: Violencia contra defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica”, 40 por ciento de las agresiones a las personas que defienden los DH se cometen por razones de género. La impunidad en los delitos de feminicidio alcanza el 99.94 por ciento.
 
Según la activista, el “fundamentalismo y el machismo” están instalados en las instituciones públicas, apoyados también por el poder económico que tienen y que les permite operar desde el aparato judicial, hasta los sectores profesionales y los medios de comunicación.
 
“129 mujeres han sido condenadas por abortar en un país donde se producen 4 mil 500 abortos inseguros al año, según cifras no oficiales”, apuntó Alejandra Burgos.
 
DECEPCIÓN POR EL CASO ESPAÑOL
 
Para Burgos lo que puede suceder en España si el gobierno aprueba la reforma de la Ley del Aborto es “una gran regresión, un motivo de tristeza, desesperanza y desánimo”.
 
La feminista recuerda que el país ibérico siempre ha sido un referente para América Latina, y “no queremos que otras mujeres pasen por lo que nosotras estamos pasando”.
 
Burgos insistió en la manipulación sistemática que se hace de su mensaje. “No estamos haciendo campaña para que las mujeres aborten”, aclaró, “estamos denunciando el trato cruel al que las legislaciones vigentes en diferentes partes del mundo someten a las mujeres. Para los legisladores somos meras incubadoras y nos niegan el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas”.
 
“Se recortan libertades y derechos de las mujeres debido a la presión de la jerarquía católica y a los grupos ultraconservadores integristas y fundamentalistas. Pero no es sólo un tema de género, está transversalizado, el discurso antiderechos aparece en otras áreas”.
 
Según Burgos, la legislación en materia de derechos reproductivos de las mujeres “criminaliza completamente el aborto, lo estigmatiza, lo convierte en tabú y busca que las mujeres sientan culpa”.
 
Por el contrario, la activista defiende que el derecho al aborto es un “asunto de democracia”. Las mujeres “somos ciudadanas, con derechos; no somos aparatos reproductivos ni envases para traer al mundo mano de obra barata”.
 
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