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Autoridad minimiza gravedad de acoso sexual contra jornaleras

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Sin cifras sobre acoso y abuso sexual ni protocolos de atención, el gobierno federal pretende atender este delito que enfrentan las trabajadoras en los campos agrícolas y comunidades de esta región del estado de Baja California (BC).
 
El pasado 24 de abril, el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, informó a las y los voceros del movimiento jornalero que están en demanda de mejores condiciones laborales, que personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) iniciará inspecciones en todos los centros de trabajo para detectar casos de abuso sexual, los cuales serán turnados al Ministerio Público (MP).
 
Sin embargo, el funcionario no precisó cuándo iniciarán estas inspecciones, cómo detectará el delito ni si desarrollará acciones específicas para prevenirlo, además evadió responder cualquier pregunta de los medios de comunicación.
 
Esta demanda de las jornaleras no es nueva, ya que según el procurador del Trabajo en la región, Gabriel Soria Cuevas, el acoso sexual es una de las violencias que más padecen las trabajadoras en los campos agrícolas.
 
Cuestionado sobre el número de denuncias recibidas por acoso y abuso sexual en los centros de trabajo al menos durante 2014, el funcionario sostuvo que no tiene registrado algún caso.
 
Soria Cuevas detalló que las mujeres no denuncian el acoso y el abuso sexual por vías penales ni ante la autoridad laboral del Valle por miedo a ser despedidas.
 
Sin embargo cuando las trabajadoras son cuestionadas al respecto,  resulta que el acoso sexual es uno de los problemas que más enfrentan. 
 
El funcionario dijo que a fin de atender esta demanda, luego del paro de labores de las jornaleras que inició en marzo pasado, la STyPS instaló un módulo afuera del Centro de Gobierno en San Quintín, para informar y acompañar hasta el MP a las mujeres que denuncien este flagelo.
 
No obstante, Cimacnoticias visitó todos los días, entre el 20 y 24 de abril y en diferentes horarios, el Centro de Gobierno sin encontrar una sola vez a la persona que atiende el módulo, una pequeña carpa blanca con una lona de la STyPS. 
 
Antes de esta medida, explicó Soria, el Centro de Gobierno en la región no había llevado a cabo otra acción para prevenir el acoso sexual, pero aseguró que la Casa de la Mujer Indígena, una organización civil que atiende a la población femenina, se encargaba de informar a las trabajadoras sobre sus derechos.
 
Por su parte, la trabajadora social de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Quintín, Irene Herrera Verduzco, coincidió con el funcionario en que el abuso y el acoso sexual son problemáticas frecuentes que las mujeres no están denunciando.
 
“Yo lo sé porque conozco bien la situación de cada paciente y en la consulta sale que no les gusta cómo las tratan, las miran y otras cosas, pero aunque se les motiva a denunciar, ellas no lo hacen”, aseguró la trabajadora.
 
Por su parte, Amalia Margarita Cuevas, directora de la Casa de la Mujer Indígena, confirmó que no existen datos sobre esta forma de violencia que enfrentan las mujeres en los campos agrícolas y también en las comunidades donde ellas habitan.
 
La defensora detalló que la Procuraduría del Trabajo no cuenta con personal capacitado para atender esta problemática, y que el MP no actúa con sensibilidad y desde una perspectiva de género para atender a las víctimas.
 
Además, las mujeres enfrentan dificultades para detectar esta forma de violencia y desconocen las vías por las que pueden denunciar la agresión, dijo la experta.
 
El acoso sexual es tan frecuente en la zona que las trabajadoras adoptaron como parte de su vestimenta de trabajo una falda que va encima del pantalón de mezclilla; esta prenda la usan –según explicaron ellas mismas– para evitar que los “mayordomos” (capataces) y sus compañeros las miren cada vez que se agachan a cortar el producto agrícola.
 
Durante un recorrido por uno de los ranchos (que por seguridad de la trabajadora se omitirá el nombre), Cimacnoticias observó a un “mayordomo” que hacía bromas insistentes a la jornalera más joven del personal, una mixteca de 19 años de edad recién llegada a la región y quien advirtió que se sentía “incómoda” con la presencia y los comentarios de ese trabajador.
 
Tras visitar las colonias del Valle de San Quintín y platicar con algunas líderes comunitarias, esta agencia tuvo conocimiento sobre la situación de dos mujeres (de diferente colonia) que durante 2014 fueron abusadas sexualmente por su “mayordomo”.
 
Según el relato de las líderes (que prestaron ayuda a las víctimas), antes de enfrentar el abuso, las trabajadoras denunciaron sin éxito a sus patrones que estaban siendo hostigadas sexualmente por los capataces, quienes en respuesta se burlaron de la situación.
 
Si bien estas mujeres (una de ellas madre de dos menores de edad) sí acudieron al MP a denunciar el abuso, sólo uno de los agresores fue detenido (por un día) y el otro quedó en libertad. Posterior a la denuncia, las trabajadoras fueron hostigadas por sus agresores en sus viviendas a fin de intimidarlas y hacerlas desistir de las demandas.
 
En ambos casos, las mujeres se vieron obligadas a abandonar su comunidad, también cambiaron de centro de trabajo agrícola y no continuaron con el proceso penal. 
 
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