Durante los hechos de violencia ocurridos en la ciudad de Oaxaca el año pasado, autoridades y servidores públicos de los gobiernos federal, estatal y municipal incurrieron en violación, por acción u omisión, a los derechos relativos a la libertad; a la seguridad pública y a la integridad personal; a la propiedad y a la posesión; a la legalidad y a la seguridad jurídica, y a la vida de 20 personas, manifestó el Ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández.
Reconoció que, aunque para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quedaron acreditados «los excesos de algunas personas más allá de su derecho de manifestación y faltas a su deber ciudadano de obedecer la ley y demás mandamientos legítimos de las autoridades competentes», «también los funcionarios encargados de la seguridad pública se excedieron en el uso de la fuerza pública al momento de aprehender a varios de éstos y personas ajenas a la manifestación, así como en su traslado ante la autoridad competente, en agravio de sus derechos fundamentales».
Al presentar su Informe Especial sobre los Hechos Sucedidos en la Ciudad de Oaxaca a partir del 2 de Junio de 2006 y Hasta el 31 de Enero de 2007 ante las Comisiones Unidas de Derechos Humanos de las Cámaras de Diputados y de Senadores, encabezados respectivamente por la diputada Omeheira López Reyna y la senadora Rosario Ybarra de la Garza, destacó que la CNDH ha subrayado de manera reiterada que la intervención de la fuerza pública debe estar sometida a límites precisos, y su aplicación sólo puede hacerse en el marco de le legalidad y el respeto a los derechos fundamentales.
«Cuando la autoridad ejerce su labor desbordando sus atribuciones y traspasando sus límites, se convierte en un nuevo factor de violencia y agrava la situación en lugar de resolverla», dijo Soberanes.
«La finalidad de la fuerza pública, afirmó, es prevenir la comisión de un hecho punible o detener al infractor, por lo cual la desviación sistemática en dicho cometido podría conducir al uso desmedido del poder».
ACCIONES CONTRA ACTIVISTAS
Soberanes Fernández aseguró que, durante ese conflicto, los defensores civiles de derechos humanos recibieron amenazas, persecución, agresiones físicas y actos de intimidación y difamación, con objeto de impedir y limitar su labor, por lo que las autoridades deberán investigar esos hechos y lleva ante la justicia a los responsables de los mismos.
La vulneración de derechos ocurrió en perjuicio de integrantes de la Sección XXII del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), de los integrantes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y de la sociedad de Oaxaca en general.
CATÁLOGO DE VIOLACIONES
Durante los más de seis meses que duró el conflicto se evidenció la incapacidad de las autoridades estatales y el desinterés de las autoridades federales para atenderlo y darle solución, de tal manera que se propiciaron vacíos de poder que ocuparon grupos sociales y que fueron recuperados por la autoridad mediante el uso de la fuerza pública.
Ocurrieron en Oaxaca violaciones a los derechos a la libertad de reunión; a la libertad personal por detenciones arbitrarias y retenciones ilegales; a las libertades de expresión y a la información; al derecho a la integridad y a la seguridad personal por afectaciones a la integridad física y tortura; a la legalidad y a la seguridad jurídica por actos en contra de la administración de justicia y por la dilación administrativa en los procedimientos jurisdiccionales y por la dilación en la procuración de justicia, así como irregular integración de averiguación previa, incomunicación y violaciones al derecho a la vida.
Además, durante el desarrollo de los hechos se impidió o no se garantizó el libre ejercicio de las actividades de los comunicadores, que sufrieron agresiones físicas, amenazas actos intimidatorios y robo de material y equipo de trabajo, e incluso se tuvo que lamentar la muerte del periodista estadounidense Bradley Roland Hill, por lo que demandó a las autoridades investigar los hechos y castigar a los responsables.
Soberanes Fernández explicó a los legisladores que los hechos fueron analizados jurídicamente conforme a las normas nacionales e internacionales aplicables en materia de derechos humanos, con el propósito de conocer y señalar las violaciones a los derechos fundamentales que, con su conducta, pudieron haber cometido servidores públicos o autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Añadió que el Informe Especial se realizó a partir de las premisas legales y humanitarias naturales en las acciones de la CNDH, de ahí su apego a las logradas. Precisó que los hechos expuestos están plenamente sustentados en las investigaciones y en la información proporcionada.
«Los sucesos analizados deben servirnos como llamada de atención para atacar de fondo y a tiempo las causas de ruptura en el tejido social o el resquebrajamiento de las reglas e instituciones creadas para regular la vida de las comunidades. También nos brindan la oportunidad de reflexionar sobre la necesidad de autoridades con adecuados desempeños en las funciones públicas encomendadas», recomendó el Ombudsman.
«La polarización y radicalización de las sociedades generan enconos muy difíciles de olvidar y propician la falta de armonía indispensable para el sano desarrollo integral de una comunidad y de un país», concluyó Soberanes.
07/GG
