Autoridades locales de Hecelchakán, Campeche, clausuraron la estación de televisión local «Televiva» alegando irregularidades fiscales. La televisora que lleva cuatro meses sin salir al aire, ha tenido desacuerdos con la municipalidad y su personal y el director Pascual Villagrana, han recibido agresiones y amenazas, informó Artículo 19.
La televisora «Televiva» tenía un acuerdo con la municipalidad en materia fiscal. En el que estuvieron exentos de impuestos durante cuatro años. Cuando las nuevas autoridades les informaron del cambio de status de su situación fiscal, el director de la televisora intentó averiguar el monto de su deuda, pero los funcionarios de la municipalidad le negaron la información.
La clausura de la televisora –ocurrida el 13 de enero en el municipio de Hecelchakán, Campeche sureste– se realizó en un contexto de múltiples irregularidades, como la carencia de notificación previa, falta de firmas correspondientes y anomalías en las fechas de los documentos.
Los roces con funcionarios municipales, como cuenta el propio periodista, se remontan a 2007 con la transmisión de un programa de cable que entrevistaba a ciudadanos sobre asuntos de la comunidad.
El programa provocó varias discusiones con las autoridades, ya que en la transmisión se criticaban y hacían públicas muchas de las irregularidades de la administración local. Otro tema que generó el descontento con las autoridades fue la cobertura de un conflicto social que involucró a taxistas de la entidad, en donde el enfoque no favorecía a las autoridades.
En entrevista con Artículo 19, Villagrana numeró diversas acciones en su contra, de sus trabajadores y las instalaciones de la televisora. El domingo 3 de diciembre de 2007, personas no identificadas ingresaron a sus oficinas y rociaron ácido muriático, provocando daños materiales irreparables en sus equipos.
También denunció haber recibido llamadas telefónicas de advertencia pidiéndole que desista de hablar en contra del presidente municipal o de lo contrario «sufrirá las consecuencias».
Actualmente se han iniciado acciones legales para fincar responsabilidades, sin que se haya sentenciado a los culpables de las amenazas y hostigamiento.
Durante una ceremonia cívica pública en enero del presente año, y justo antes de la clausura de la televisora, el presidente municipal hizo explícito que haría todo lo posible para «deshacerse de la estación» ya que «desestabilizaba la municipalidad».
El impedimento a la estación de televisión para conocer su situación jurídica y fiscal, para regularizar sus transmisiones es un obstáculo al ejercicio pleno de la libertad de expresión y es una flagrante violación de legislación nacional y los compromisos internacionales firmados por el Estado mexicano en el marco de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
PERMISO PARA DISTRIBUIR PROPAGANDA
En Xalapa, Veracruz, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) distribuían volantes en apoyo a los presos políticos de Atenco y exhibían carteles de ese municipio del Estado de México y de Chiapas, cuando dos inspectores de Desarrollo Económico y Comercial del ayuntamiento de Xalapa, les pidieron que presentaran un permiso escrito para hacer propaganda.
Así lo dieron a conocer los integrantes del Colectivo Independencia de las Juventudes Comunistas y Zapateando, Espacio de Comunicación Alternativa, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, precisaron que el incidente ocurrió el sábado 4 de abril a las 19:15 horas.
Uno de los inspectores que estaban desalojando a vendedoras y vendedores de palmas para el Domingo de Ramos dijo llamarse Severino Martínez Hernández, quien a su vez señaló que su jefe es Mauricio Menéndez, director de Desarrollo Económico y Comercio.
Uno de sus jefes, por teléfono, nos dijo que debíamos pedir permiso al arquitecto Ramón Hernández, de la oficina de Desarrollo Urbano. Asimismo, los inspectores nos dijeron que hay personas en la Plazuela del Carbón que les reportan cuando llegan ambulantes, con quienes nos solidarizamos por ganarse la vida con una actividad lícita como es el comercio popular, señalaron inconformes.
Asimismo denunciaron que esa exigencia de pedir «permisos» a la gente que se expresa libremente o realiza actividades honestas y lícitas en las calles es una violación a los derechos fundamentales de los mexicanos, por tanto, seguiremos ejerciendo nuestros derechos ciudadanos de acuerdo a nuestra Constitución, señalaron.
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