«Aunque el gobierno habla mucho sobre su labor en beneficio de la infancia, la realidad de los niños jornaleros en Hidalgo es otra, porque el origen de este problema no sólo está en que los padres aceptan que sus hijos trabajen, sino en que los enganchadores les ofrecen trabajo y en que la autoridad está permitiéndolo», aseguró Marisela Hernández García, de la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos (ACADERH), a propósito del 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
«Cuando los enganchadores llegan a los pueblos a ofrecer trabajo para jornaleros agrícolas, los padres deciden que no sólo se emplearán ellos, sino toda su familia, incluidos sus hijas e hijos pequeños,a quienes el enganchador paga un sueldo menor».
Al respecto, lo peor de todo es que las autoridades encargadas de vigilar y cumplir los derechos de la infancia no hacen más que dar discursos, dijo Marisela Hernández, coordinadora de educación cívica de la ACADERH.
La activista social afirmó que en mucho ayuda dedicar un día mundial contra el trabajo infantil y más este año que está dedicado a la agricultura. «Si bien hay otros aspectos alarmantes que atender en cuanto a explotación laboral infantil, en el caso concreto de Hidalgo nos viene muy bien para visibilizar la problemática de tantas niñas y niños jornaleros».
Hernández García comentó: «Ojalá la atracción de los reflectores hacia el trabajo infantil agrícola trascienda más allá de un solo día, porque con las niñas y los niños jornaleros el gobierno estatal debe pasar de las palabras a los hechos».
Con motivo de la Conmemoración del Día Mundial en contra del Trabajo Infantil, dedicado este año a la abolición del trabajo infantil en la agricultura, en todo el país diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) han señalado la ausencia de un compromiso real por parte del gobierno, ante la falta de una verdadera política pública integral encaminada a garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia en el país.
En la declaratoria nacional «No más muertes en los surcos», firmada por OSC de todo el país, se destaca que el reto para alcanzar la eliminación progresiva del trabajo infantil debería verse reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes sectoriales, con una perspectiva de derechos humanos que comprenda reformas estructurales en las políticas económica, laboral y social, así como garantizar a las familias salarios dignos y cumplir el derecho universal a la educación básica de calidad para todas y todos los niños.
Este documento, firmado entre otras asociaciones por la Academia Mexicana de Derechos Humanos, establece que «es fundamental que se considere la abolición del trabajo infantil en las agroindustrias como una prioridad, debido a que perpetúa la condición de esclavitud y pobreza de sus familias, robándoles su infancia, obligándolos al trabajo forzoso, separándolos de sus familias, exponiéndolos a graves peligros y enfermedades (contacto con sustancias tóxicas, maquinaria y herramientas peligrosas), imponiéndoles horarios prolongados, privándolos de su derecho a la educación y trabajando en condiciones muy adversas que ponen en riesgo su vida».
«No más muertes en los surcos» solicita al gobierno mexicano que cumpla con los derechos garantizados constitucionalmente, que adapte en su legislación e integre en su política pública los compromisos adquiridos en distintos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos que ha suscrito, entre los que destacan la Convención sobre los Derechos del Niño (1990), la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias (1999), así como el Convenio 182 de la OIT, relativo a «la prohibición de las peores formas de trabajo infantil» (2000).
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