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Avalan guía para cumplir acuerdos de Consenso de Montevideo

Por Anaiz Zamora Márquez

Para la implementación de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo, los Estados deben lograr la institucionalidad en temas de población y desarrollo, asignar presupuesto suficiente para las acciones que de él se desprendan, implementar programas de capacitación permanente, y asegurar la rendición de cuentas.
 
Uno de los logros de la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina (AL) y el Caribe fue la aprobación de la “Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo”, instrumento técnico en el que se brindan a los países de la región orientaciones para la implementación de las medidas del acuerdo.
 
En el documento se especifica que aunque cada país tiene el derecho soberano de aplicar las recomendaciones contenidas en el Programa de Acción de El Cairo y en el Consenso de Montevideo, de conformidad con sus leyes nacionales y sus prioridades de desarrollo, y de forma compatible con los Derechos Humanos universalmente acordados, la Guía ofrece líneas base para lograr los compromisos regionales.
 
Las líneas de acción, metas e indicadores presentados en la “Guía operacional” no constituyen listas exhaustivas, sino acciones, metas e indicadores referenciales que pueden adaptarse y complementarse en el ámbito nacional según las especificidades de cada país.
 
Al mismo tiempo, como diversas medidas emanadas del Consenso también están contempladas –total o parcialmente– en otros instrumentos o instancias regionales o internacionales ya existentes (como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las conferencias regionales sobre la Mujer de AL y el Caribe), su implementación y seguimiento podrá complementarse con los mecanismos previstos en dichos instrumentos e instancias, o en otras medidas prioritarias en las que se aborda de manera convergente la misma temática.
 
Para lograr el adecuado monitoreo del Consenso, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) propone la desagregación de los indicadores por sexo, edad, residencia urbana o rural, y grupos étnicos y socioeconómicos cuando sea pertinente, y de acuerdo con las características y especificidades de cada temática en cada uno de los capítulos.
 
La Guía señala que hay condiciones que son indispensables para el cumplimiento, por ejemplo, un aspecto que se ha considerado primordial es la necesidad de contar en las naciones con una institucionalidad permanente dedicada a los temas de población y desarrollo.
 
Es decir, que cada país “actúe con una perspectiva integral que permita superar el tradicional abordaje por sectores, que disponga también de un mecanismo de coordinación interinstitucional nacional, que incluya a las organizaciones de la sociedad civil, y que pueda tener un funcionamiento permanente y regular con las modalidades y especificidades propias”.
 
En segundo lugar, se establece la necesidad de reforzar las fuentes de información estadística, más específicamente en lo que atañe a las estadísticas oficiales y las fuentes tradicionales de información demográfica, dotándolas de sostenibilidad financiera y técnica para la producción y procesamiento de información sociodemográfica de los países y de la región.
 
En tercer lugar, se subraya el requerimiento de reforzar los programas regionales de formación y capacitación en materia de población y desarrollo,
 
Un cuarto aspecto fundamental es la necesidad de generar mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas, tanto regionales como nacionales; y el quinto aspecto se refiere a la necesidad de asegurar los recursos financieros para la implementación del Consenso.
 
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