La nueva propuesta de Ley Contra el Feminicidio, promovida por Sandra Torres, esposa del presidente, y el partido oficialista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), aprobada el pasado miércoles en primera lectura por el Congreso de la República, requiere dos lecturas más para convertirse en normativa.
Es la tercera iniciativa de su tipo que se presenta al Congreso y el segundo intento de la UNE por aprobarla de urgencia nacional. El proyecto incluye penas de prisión de hasta 50 años para quien mate a una mujer, aunque no precisamente por causas de género; tipifica otras formas de violencia, como la física y psicológica, pero deja fuera el acoso sexual.
Según datos revelados por la Policía Nacional Civil (PNC), en lo que va del 2008 se han registrado 104 muertes violentas de mujeres; en el 2007 se cometieron 591 hechos similares.
De acuerdo con reportes de diarios nacionales, el intento por parte de sus promotores y promotoras de abordarla en moción privilegiada fue frustrado, ya que algunos legisladores adujeron que contiene elementos que podrían contravenir otras normas guatemaltecas.
Pablo Duarte, diputado por el Partido Unionista (PU), señaló que la propuesta incluye puntos subjetivos que deben ser abordados profundamente por el Poder Legislativo, como los asesinatos con odio; es «imposible» que los jueces juzguen a una persona por cometer ese tipo de crimen, expresó.
SIN MEDIR CONSECUENCIAS
Por su parte, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) reveló que la mayoría de victimarios asesinan a las mujeres sin planearlo, de acuerdo con su investigación Muerte Violenta de Mujeres en Guatemala desde una Perspectiva Psicológica.
El documento, presentado en marzo pasado, analiza 1 mil 398 casos de feminicidio ocurridos entre 2003 y el 2005 en el país. El 14 por ciento de las muertes presenta un patrón de planificación previa, mientras que en un 86 por ciento se determinó que el asesino mata a su víctima sin pensarlo o estimar las consecuencias.
La investigación señala que todo asesinato presenta una causa, por absurda e incomprensible que sea y los factores sociales que intervienen en la misma son: desorganización familiar, falta de educación, desempleo, alcoholismo y migración hacia las ciudades.
El estudio revela que la ciudad de Guatemala, Petén, Escuintla, Izabal, Jutiapa, Jalapa y Zacapa, son las localidades donde las mujeres enfrentan más peligro o corren mayor riesgo de ser asesinadas; el 27 por ciento de los crímenes fueron cometidos por las maras o pandillas.
Un 33 por ciento de los hechos fueron registrados en el domicilio de la víctima, mientras que en un 7 por ciento los victimarios intentaron ocultar el cuerpo u otras evidencias, añade la información.
En su mayoría las guatemaltecas mueren por arma de fuego, sin embargo, en los casos de asfixia por estrangulamiento se determinó que el asesino descargó una fuerte carga de furia y odio contra su víctima; este tipo de crímenes también denotan frustración sexual por parte del criminal, asegura el documento.
La PDH recomendó a las respectivas autoridades ir más allá de los elementos obvios en las escenas del crimen y de la información habitual, ya que existe una realidad personal y un estilo de vida que se asocia a la persona atacada, aspecto relevante para la elaboración del perfil psicológico del victimario.
08/GG/CV
