En el sureste de México y en toda la franja que va del estado de Puebla hacia el sur, han comenzado una serie de actividades que avanzan de manera silenciosa concretando programas que forman parte del llamado Plan Puebla-Panamá (PPP).
Sin mediar ninguna participación, consulta o aprobación de las comunidades afectadas, el gobierno federal echó a andar la maquinaria desde los escritorios de los secretarios de Estado, pero bajo las órdenes del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Para la organización Mujeres para el Diálogo (MPD), en su análisis titulado el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y las Mujeres, en muchas comunidades del sureste mexicano hay preocupación porque se están construyendo carreteras, se instalan maquiladoras y hay venta de tierras.
Saben que el gobierno del presidente Vicente Fox pretende realizar un gigantesco plan de desarrollo económico que abarcara desde el estado de Puebla hasta Panamá, pero no saben más.
El pasado viernes 14, versiones periodísticas informaron que en Puebla, los secretarios de Economía y Relaciones Exteriores, Fernando Canales Clariond y Luis Ernesto Derbez respectivamente, inauguraron una reunión en la que participaron funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del BID, así como 150 representantes de las 34 naciones que integran el ALCA.
LA REALIDAD DEL PPP
La versión señala que dicho proyecto pretende crear las condiciones favorables para apropiarse de los recursos energéticos y la biodiversidad que existe en esta zona de México y Centroamérica, para que los exploten las grandes corporaciones transnacionales, sobre todo estadounidenses.
También pretenden regular, a conveniencia norteamericana, la migración de centroamericanos y mexicanos, ofreciéndoles empleos agotadores y mal pagados en las industrias maquiladoras, en los grandes proyectos de infraestructura e hidrológicos, silvicultura y del sector de los servicios que se impulsarán en la región.
Asimismo, crear un puente entre América del Norte y América del Sur para facilitar al norte el desarrollo del ALCA.
ANTECEDENTES DEL PPP
El 15 de junio del 2001, reunidos en San Salvador, los jefes de Estado y de Gobierno de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México Nicaragua y Panamá aprobaron el documento de lanzamiento del Plan Puebla-Panamá, para acelerar la integración e impulsar el desarrollo social y económico en los nueve estados del Sur-Sureste de México y el Istmo Centroamericano.
El PPP apunta a aprovechar las riquezas y las ventajas comparativas de la región mesoamericana, subsanar su histórico déficit de infraestructura y reducir sus marcados índices de pobreza y vulnerabilidad a los desastres naturales.
«En su voluntad por consolidar una visión compartida de la integración y el desarrollo, esta nueva etapa de diálogo y trabajo conjunto no se limita a los gobiernos de la región sino que está abierta a la sociedad civil mesoamericana y a la comunidad internacional», revela el documento.
INFRAESTRUCTURA
El plan contempla, por ejemplo, la instalación de 25 represas en la región las cuales generarán la energía necesaria para la industrialización de esa área y para satisfacer la demanda del mercado energético de Estados Unidos.
En ese sentido, se afirma que las hidroeléctricas representan un peligro para los pueblos indígenas, debido a la inundación de miles de hectáreas de tierras en uso, la destrucción de sitios arqueológicos y bosques. Se habla de entre dos y cinco represas para el río Usumacinta que divide México y Guatemala.
En medio de toda la riqueza del Sur-Sureste vive el 28.3 por ciento de la población del país y están el 84 por ciento de los municipios considerados de alta y muy alta marginación.
La instalación de maquiladoras traerá una super explotación del trabajo infantil, violación de derechos laborales. «La industria maquiladora será para la población de esa región, las nuevas fincas cafetaleras del siglo XXI», asegura MPD.
CONSECUENCIAS
La visión de la agrupación, señala que el documento de la Presidencia de la República, con relación al PPP, habla de que en la región deberán quedar en pie un par de millones de campesinos, cuando en la actualidad viven en la zona más de 10.
Para ello, el proyecto pretende crear fuentes de empleo destinados a reubicar a la población local, para liberar los territorios donde se encuentran concentrados los recursos estratégicos como el agua, la biodiversidad, el petróleo y energía eléctrica, entre otros recursos.
Así, en el PPP no hay políticas dirigidas a corregir las raíces de la pobreza estructural. «Los planes y proyectos se diseñan en colaboración con las grandes empresas y son para ellas, no para los 65 millones que habitan desde Puebla hasta Panamá», concluye MPD.
RGL/MEL
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