El pasado 21 de enero, la Secretaría de Salud y Asistencia (SSA) publicó en el Diario Oficial la incorporación de la anticoncepción de emergencia para evitar embarazos no deseados en la Norma Oficial Mexicana de Planificación Familiar, lo cual abrió nuevamente el debate con respecto al aborto, dada la oposición sistemática de la jerarquía católica y grupos conservadores a todo método anticonceptivo que no sea el de la abstinencia sexual.
La norma, cuya actualización tenía un retraso de cinco años, puso a México al nivel de otras naciones del mundo, incluso de 15 países en América Latina que ya cuentan con este recurso, no sólo para prevenir embarazos, sino para combatir un problema de salud pública, como son los abortos clandestinos.
Desde hace 10 días, cuando se dio a conocer la medida adoptada por la SSA, los ataques de las jerarquía católica no han cesado, así como tampoco las amenazas de excomunión contra las mujeres que utilicen esta tecnología avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Ataques a los que se suman grupos ultraconservadores como Próvida e incluso la dirigencia del Partido Acción Nacional, creando confusión entre la población al emprender una campaña de desinformación y asegurar que el método es abortivo y atenta contra la vida humana.
La respuesta de la SSA fue inmediata a través de la directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Patricia Uribe, quien aclaró que las pastillas de anticoncepción de emergencia (PAE) estaban siendo confundidas con la RU-486, que si son abortivas pero que no se encuentran disponibles en el mercado nacional.
No obstante, persiste la cerrazón de la jerarquía católica encabezados por el Arzobispo Primado de México, Norberto Rivera Carrera, quien asegura que las pastillas son abortivas y, más aún, «criminales».
Mientras, el titular de la Secretaría de Salud, Julio Frenk se ha limitado a decir que la dependencia ya fijó su postura a través de la directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, quien además ha ofrecido sostener una serie de reuniones para explicar el método a sus opositores, incluidos los jerarcas de la Iglesia católica.
Por su parte, el movimiento amplio de mujeres y la sociedad organizada no se han quedado callados, y señalan que la incorporación de la anticoncepción de emergencia a la normatividad ha sido una vieja demanda de las mujeres.
La directora de Católicas por el Derecho a Decidir, María Consuelo Mejía, ha sido una de las ofendidas con las amenazas de su Iglesia hacia las mujeres que hagan uso de la anticoncepción de emergencia, e incluso a calificado de herejes a los jerarcas que abusando de su investidura sacerdotal amedrentan a la población.
La Iglesia emprendió su campaña de ataque, a lo que las autoridades médicas y grupos de mujeres han reaccionado, poniendo énfasis en la necesidad de difundir información acerca de la metodología para que las mujeres puedan hacen un uso adecuado de este recurso, el cual puede ayudar también a reducir el número de muertes maternas que ocurren por aborto en nuestro país, como señalara la directora del Comité por una Maternidad sin Riesgos, María del Carmen Elú.
Muchas, también han sido las voces de las mujeres organizadas, incluso de los partidos políticos, aprobando la decisión de la Secretaría de Salud y rechazando las críticas de la Iglesia católica.
Ana Langer, directora regional del Population Council (organización con trabajo en salud reproductiva), sostuvo que la inclusión del método en la Norma Oficial de Planificación Familiar no respondió a posturas políticas, sino a la actualización científica que permiten a la población tomar decisiones responsables.
Hilda Reyes, de la organización Afluentes –con trabajo en el campo de la educación sexual– y médica del Instituto Nacional de Perinatología opinó que la iniciativa es una manifestación de respeto al derecho a decidir que tienen las mujeres, además de brindar la oportunidad de salvar vidas y ahorrar recursos a las instituciones del sector salud.
Otro experto, Roger Lara Riquelme del área de Planificación Familiar de Perinatología, también dio su beneplácito a esta decisión. De esta manera, se han sumado las voces en aprobación a la metodología, incluso proporcionado información acerca de su uso, tal como lo hizo el Grupo Información y Reproducción Elegida (Gire), organización que preside Marta Lamas, una de las mujeres más combativas para evitar que las mujeres continúen muriendo por abortos practicados en condiciones inseguras.
Pero la guerra de declaraciones continúa y en el campo de batalla, el grupo Provida realizó la semana pasado un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde entregó una carta pidiendo el respeto por la vida y que se retroceda en la medida adoptada por la Secretaría de Salud.
Sin duda, está historia continuará, así como las acciones de la Iglesia católica y los grupos conservadores que han amenazado «hacer hasta lo imposible» para evitar que la población haga uso de la tecnología médica.
En este contexto, hasta el momento el partido en el poder, evadió fijar su postura definitiva, aunque por medio de su líder Luis Felipe Bravo Mena (quien se declara defensor de la vida desde el momento de la concepción), asegura que de comprobarse que las PAE son abortivas, se opondrán a su adopción, de acuerdo con la ideología tradicional de ese instituto político.
04/SM/GBG
