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Balance negativo de reforma laboral para las mexicanas

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
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La reforma laboral de 2012 simuló garantizar que las mexicanas tendrían un trabajo digno, pero en la realidad no existen mecanismos que regulen y hagan efectivo el ejercicio de sus derechos, dijeron especialistas.
 
Asesoras sindicales y académicas explicaron que los recientes indicadores de ocupación revelan que las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 2012 simularon garantizar los derechos de las mujeres, pero no crearon los instrumentos necesarios para generar empleos en condiciones de igualdad y sin discriminación.
 
En el debate “El derecho individual en la reforma laboral”, convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, las expertas coincidieron en que si bien es muy prematuro evaluar los efectos de las reformas, el balance hasta ahora es negativo.
 
Por ejemplo, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante mayo la Tasa de Desocupación (TD) femenina pasó de 4.93 a 5.17 por ciento, mientras que la de los varones bajó de 4.93 a 4.77 por ciento en el mismo mes.
 
De acuerdo con las y los especialistas, la legislación actual no garantiza el respeto a los Derechos Humanos y laborales de las y los trabajadores, sino que favorece los intereses de las empresas y los patrones. Además, en la práctica se contravienen artículos constitucionales y mandatos internacionales al permitir, por ejemplo, el trabajo infantil.
 
Esto porque el gobierno aún no ratifica los convenios de la Organización Internacional del Trabajo –como el 189, que prevé los derechos de las trabajadoras del hogar– y que otorgan condiciones dignas y de igualdad para las y los trabajadores.
 
También destacaron la falta de mecanismos de inspección efectivos y de sanciones que prevengan siniestros en los centros de trabajo más riesgosos –como las zonas carboníferas o la industria textil y alimentaria–, y de la prohibición de la discriminación o la violencia contra las trabajadoras.
 
Quetziquel Flores Villicana, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, recordó que a la par de la reforma laboral se anunció la consolidación de una “igualdad sustantiva” en el mercado de trabajo, pero esto no se tradujo en brindar efectivamente derechos laborales, sino sólo en la posibilidad de ejercerlos.
 
La especialista detalló que hablar de igualdad sustantiva en el empleo implicaría el derecho a la información, a la contratación y al ascenso de puesto, entre otros derechos; es decir, se trata de reconocer a las mujeres en su condición de trabajadoras y eliminar requisitos como la constancia de no gravidez o el estado civil para ser contratada.
 
Flores Villicana señaló que la discriminación laboral por razón de género es estructural, y como ejemplo dijo que la licencia de paternidad –permiso de cinco días para los hombres– no posibilita que en una pareja se negocie quién debe quedarse al cuidado del recién nacido.
 
Explicó que el acceso a la seguridad social es otro de los rubros en los que la población femenina se ve más afectada, ya que son ellas quienes tienen menos estabilidad en los centros de trabajo al destinar tiempo a las tareas del hogar y de cuidados, y por tanto tienen menos oportunidades para contar con una pensión.
 
En cuanto al salario sucede un fenómeno similar, detalló la académica, ya que las capacitaciones en las empresas son generalmente fuera de las jornadas laborales, por lo que muchas mujeres, por sus responsabilidades familiares tradicionalmente impuestas, no pueden tomarlas.
 
Flores Villicana acusó que las acciones que buscan ayudar a la clase trabajadora, como capacitaciones y talleres, no consideran las condiciones desiguales que afrontan las mujeres en todos los ámbitos, por lo que se debe apelar a políticas integrales.
 
El resto de las y los especialistas, quienes coincidieron en estos puntos, advirtieron sobre el riesgo que enfrentan actualmente los sindicatos al no ser reconocidos su derecho a la huelga, a negociación y a una representación efectiva.
 
Por lo que reiteraron en la importancia de fomentar el derecho a la organización sindical para que las y los trabajadores logren una mejor calidad de vida, tal y como desde hace varios años buscan las trabajadores del hogar y de vendedoras de cosméticos o productos por catálogo.
 
En el debate también participaron Alfredo Sánchez Castañeda, investigador del IIJ de la UNAM, y los asesores sindicales Claudia Esqueda Llanes y Héctor Barba.
 
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