La intolerancia social tiene muchas formas de expresión. Actualmente asistimos en México a una de las más recurrentes: la agresión desde las instituciones, el acoso y la represión del Estado contra los grupos vulnerables, esta vez, contra los matrimonios entre personas del mismo sexo.
La embestida estatal no tiene precedentes en la historia reciente del país. El pasado 27 de enero el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, promovió un juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que anule las reformas que en el Distrito Federal permiten a las personas del mismo sexo contraer matrimonio y adoptar niños.
Evidentemente, el procurador ejerció su facultad para impugnar las leyes y las normas que considere violatorias de la Constitución, pero resulta sospechosa la forma y el momento. Chávez Chávez quien ha sido seriamente cuestionado por el feminicidio en Ciudad Juárez, esta vez, se limitó a respaldar la oposición del presidente de la República a estas uniones.
El Ejecutivo ya había utilizado este mecanismo cuando el ex procurador, Eduardo Medina Mora impugnó sin éxito, la despenalización del aborto antes de las 12 primeras semanas de embarazo.
Se trata pues, de una operación de Estado contra la libre decisión de la opción sexual de las personas. Felipe Calderón intenta convencernos de que su decisión no tiene intencionalidad política, pero realmente los hechos le desmienten. Solo hay que tomar como referente la cruzada católica emprendida por el cardenal Norberto Rivera Carrera y la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Los argumentos del presidente carecen de solidez, particularmente porque dice que la Constitución de la República habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer.
Tiene razón el presidente. El problema es que la Constitución no es un texto sagrado, tampoco es una Biblia, es más bien, un instrumento sujeto a cambios que en esta ocasión requiere una severa revisión para adecuarlo a los tiempos modernos.
El Ejecutivo esta haciendo caso omiso sobre el sentir de la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México, donde recientemente se aprobaron las reformas a favor del matrimonio homosexual, particularmente porque dos encuestas encargadas por el propio partido del presidente, el Partido Acción Nacional (PAN), señalaron que la mayoría de los capitalinos esta de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo.
La actitud beligerante del PAN sobre este tema se ha dejado sentir desde el principio. César Nava, dirigente nacional del partido gobernante a nivel federal, ha defendido los derechos de los niños.
Igualmente la Iglesia más institucional y en bloque se han apresurado a denostar las adopciones de los matrimonios homosexuales porque aseguran que «no es sano» para el desarrollo físico, mental y moral de niñas y niños: «Por bien intencionados que fueran unos papás homosexuales, su sólo estilo y forma de vida afectará de muchas maneras al niño, si dice: «de grande quiero ser como mi papá», ¿se referirá a usar falda, maquillarse o invitar a otros hombres a dormir con él?», señaló el episcopado mexicano en su semanario Desde la Fe.
Más aún, la Iglesia mantiene una campaña de linchamiento contra la minoría homosexual. El episcopado se ha atrevido a señalar que se oponen a las adopciones de parejas del mismo sexo porque temen que detrás exista «el perverso propósito de usarlos para pornografía infantil, abuso sexual, prostitución, etcétera».
Bien conoce la Iglesia ese riesgo a través de los curas pederastas que protege y solapa vergonzosamente en su seno. Bien conoce la Iglesia las perversiones de la sexualidad humana cuando por el celibato obligatorio se cercena las necesidades elementales de los hombres. Bien sabe la Iglesia lo que es la intolerancia y la persecución contra los homosexuales, ya que lleva siglos persiguiendo a los sacerdotes homosexuales que componen la sagrada institución en el mundo.
Revisemos a los ministros de culto más homófobos. «El ejercicio de la homosexualidad es una desviación, objetivamente hablando, es una falta moral», dice el arzobispo de León, José Martín Rábago. Lo que se le olvida a su eminencia añadir, es que él particularmente se ha dedicado en los últimos años a defender al cura pederasta José Luis de María y Campos López, preso por haber violado a cuatro niños y liberado gracias a su intercesión y a la del gobernador Juan Manuel Oliva, «por buena conducta».
Lo que ha hecho el obispo Martín Rábago a favor de este cura pederasta es verdaderamente una «desviación» del camino de la justicia y la misericordia hacia los seres humanos, ya que el cura depredador sexual ahora ha sido reubicado en una parroquia y sigue dando misa, por lo cual, es de esperarse que continúe violando niños.
Otra de las lindezas recibidas de los ministros de culto fundamentalistas es la opinión del obispo Alberto Suárez Inda, quien asegura que «ni los perros tienen relaciones con su mismo género». Habría que añadir que este obispo se ha caracterizado también por proteger a curas pederastas al igual que el cardenal Norberto Rivera Carrera.
En definitiva, la lista de sacerdotes beligerantes y homófobos, coincide con la lista de autoridades eclesiásticas que solapan, ocultan y protegen las desviaciones sexuales más aberrantes que dañan a los pequeños del rebaño católico. ¿Qué calidad moral pueden tener para denostar las bodas entre personas del mismo sexo?
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