A 29 años de que el gobierno de México adoptó una política de población (1974) y llevó a la Constitución el derecho a decidir en forma libre, informada y responsable el número de hijos que se desean y el momento de tenerlos, las mexicanas padecen graves inequidades en el área de la salud reproductiva.
La adopción de esa estrategia para controlar el crecimiento de la población llevó a la creación del Consejo Nacional de Población (Conapo), dependiente de la Secretaría de Gobernación, como instancia responsable de la implementación de las políticas poblaciones en México.
A partir de ello la planificación familiar se convirtió en un componente cotidiano en la vida de la gran mayoría de las mujeres y hombres. Sin embargo, este proceso no ha sido acompañado de una participación significativa de los varones.
Gisela Espinosa Damián y Lorena Paz Paredes, ambas integrantes del Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, señalan en el estudio Hacia una Perspectiva de Género en la Salud Reproductiva, que hay un enorme rezago o inequidad para la población femenina, a casi 30 años de la creación de la ley.
En el terreno de la salud reproductiva, señalan, existe una gran diversidad de planos en los que se manifiestan las inequidades de género y en los cuales se puede tratar de propiciar un cambio.
Las expertas consideran urgente aumentar la consulta prenatal y la atención profesional durante el parto para las mujeres pobres del campo y la ciudad, «pero esto no basta, pues la violencia intrafamiliar, la indiferencia o prejuicio con que muchos varones asumen la gestión, nacimiento y crianza de sus hijos, son motivo de desigualdad y salud precaria de embarazadas y madres».
Para ellas, existe una larga historia en la que el cuerpo de las mujeres ha sido sometido a decisiones de progenitores, maridos, iglesias o gobernantes, que han originado falta de autonomía y autodeterminación de las mujeres.
MAYOR IMPULSO
En tanto, la coordinadora de la organización civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, María Eugenia Romero, dijo que es necesario promover el bienestar y la calidad de vida a través de las políticas de población, así como dar un mayor impulso a los Consejos Estatales de Población (Coespo).
En entrevista afirmó que esto permitiría a esas instancias tener una mayor fuerza para que reproduzcan las políticas que hasta ahora se impulsan desde Conapo.
Es importante, por ejemplo, que los gobiernos estatales compren métodos anticonceptivos para evitar desabasto como ocurre en Guanajuato y Durango. Esos gobiernos, abundó, no están adquiriéndolos porque promueven la abstinencia sexual y dan prioridad a otros programas.
La también integrante de la dirección colegiada del Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, reconoció que el enfoque de salud reproductiva de Conapo tiene como meta reconocer la existencia de complejos vínculos entre la sexualidad, la reproducción y los contextos históricos, sociales y culturales.
LA CIPD
En su estudio, Espinosa Damián y Paz Paredes, revelan que luego de instrumentar el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo –CIPD, El Cairo 1994—, el gobierno mexicano empezó a diseñar políticas y programas de salud sexual y reproductiva con una nueva visión y con la intención de superar inequidades de género.
Así los términos de equidad, corresponsabilidad del varón, ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, autodeterminación y mayor intervención de las mujeres en la toma de decisiones, empezaron a ser parte de los discursos y programas del sector público.
No obstante, a ocho años de la CIDP, dicen, es común que el ejecutivo federal y el funcionario de más baja jerarquía, hablen de «los y las» y se ufanen de haber adoptado una «perspectiva de género».
Se preguntan si en verdad esa perspectiva permea el campo de la salud reproductiva, pues el uso frecuente de la palabra género puede ser síntoma de una voluntad política por erradicar las inequidades entre hombres y mujeres o sólo ser una estrategia discursiva.
Para ellas, la voluntad por cumplir los compromisos adquiridos en El Cairo y por incorporar una perspectiva de género, ratificada en los programas centrales de salud reproductiva y planificación familiar, no corresponde a la capacitación y conocimiento que los prestadores de servicios tienen sobre nuevos enfoques y programas.
2003/RGL/MEL
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