Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos manifiestan su preocupación al presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, por medio de una carta, ante la posibilidad de que en la nueva Constitución Política del Estado, que se discute en la ciudad de Sucre, puedan reflejarse posiciones de grupos religiosos contrarias a los derechos humanos.
En especial, les alarma la posibilidad de que el proclamado «derecho a la vida desde la concepción» se convierta en una realidad ya que atentaría contra la vida, seguridad y libertad de las miles de mujeres y niñas que cada día se ven enfrentadas a la situación de interrumpir un embarazo que no desean fruto de una violación o porque padecen una enfermedad mortal.
La Asamblea Constituyente anunció la semana pasada, a través de la Comisión de Derechos, Deberes y Garantías, que había alcanzado un primer consenso, antes de elaborar su informe final, sobre que la nueva norma resguarde el «derecho a la vida desde la concepción».
Con esto, se limitaría la posibilidad de legalizar y garantizar constitucionalmente el derecho a la interrupción de los embarazos no deseados y los que son producto de violaciones.
Estos últimos no son casos aislados, pues, según datos de Red-Ada (Cimacnoticias, 26 de abril 07) de enero a agosto del año pasado, sólo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se registraron 250 casos de violencia sexual en contra de menores de edad, de 248 han sido niñas y adolescentes de entre 13 y 15 años de edad, según datos de la Defensoría de la Niñez de esta ciudad.
De aprobarse este primer consenso sobre el derecho a la vida desde la concepción, se reconocería como persona con derechos jurídicos al ser humano desde el mismo momento de su concepción, con lo cual se le da personalidad jurídica al feto.
Al respecto, dicen las organizaciones al presidente Morales, «elevar al grado constitucional este dogma religioso supone desconocer la realidad de las mujeres de Bolivia donde, según estadísticas oficiales, 6 de cada 10 embarazos anuales no son deseados; donde cada hora 5 mujeres recurren al aborto; 120 cada día; 44 mil cada año.
«Las leyes que penalizan el aborto nunca evitarán que las mujeres sigan con la necesidad de interrumpir un embarazo que no desean, sino que este tipo de leyes aumentan drásticamente el número de abortos en condiciones inseguras que muchas veces pone en riesgo la vida y salud de las mujeres, como lo refleja el hecho de que en Bolivia, cada seis días, una mujer muera a consecuencia de un aborto inseguro».
Esta realidad, como es de su conocimiento, dicen al presidente Morales, afecta sobre todo a las mujeres rurales, indígenas y de escasos recursos, quienes son mayoría en su país.
De acuerdo con datos de CEPAL, publicados en 2005, en Bolivia se realizan alrededor de 115 abortos al día y se estima que hay 60 muertes por cada 10 mil abortos.
Bolivia tiene la mortalidad materna más alta de la región, después de Haití, afecta sobre todo a las mujeres pobres, analfabetas, que viven en áreas rurales o en condiciones de marginalidad, muchas pertenecen a poblaciones indígenas y grupos de adolescentes, indica la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir en su página Web.
Sin embargo, la Iglesia católica se manifestó este mes en contra de cualquier tipo de derecho al aborto en Bolivia ?en el marco de las declaraciones del Papa Benedicto XVI sobre el tema– y pidió a la Asamblea Constituyente no apruebe el derecho a la interrupción legal del embarazo, incluso en casos de violación, en la nueva Constitución.
En respuesta, las organizaciones de derechos humanos dicen al Ejecutivo boliviano: «Con todo nuestro respeto, en estos momentos tan trascendentales para la historia de su país, hacemos un llamado a la reflexión para que Bolivia deje atrás su dependencia de ciertos dogmas religiosos contrarios al espíritu de los derechos humanos y de la evidencia científica.
«Asimismo, les animamos a incorporarse al cada vez mayor grupo de países en los que el aborto es legal. El 60 por ciento de la humanidad vive en estos países y deseamos que las ciudadanas y ciudadanos de Bolivia puedan incorporarse al mundo del siglo XXI que respeten los derechos humanos de las mujeres».
Finalmente, reiteran que es ésta una oportunidad histórica para que el derecho de las mujeres a decidir el número y espaciamiento de las y los hijos forme parte del articulado de los derechos humanos en la nueva Constitución Política del Estado, uniéndose así a la tendencia creciente en los países de América que han recogido esta demanda es sus Constituciones y otras Normas fundamentales.
La misiva está también dirigida al doctor Jaime Hurtado, de la
Comisión de Derecho y Garantías Constitucionales; a Félix Aguliar Cárdenas, Comisión de Visión de País; Álvaro García,
Vicepresidente de la República y a David Choquehuanca, ministro de Relaciones Exteriores.
La Asamblea Constituyente, al final de sus trabajos, convocará a un referéndum para hacer válida la nueva Constitución.
07/GG/CV
