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Buscan mujeres de Guanajuato recuperar sus derechos

Por Paulina Rivas Ayala

Ante las reformas Constitucionales aprobadas en Guanajuato en contra de una maternidad libre y voluntaria, las feministas acuden a diversos recursos para enfrentar la ofensiva panista presente ya en 17 estados.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez (CDHVD), es necesario apelar al Estado laico para exigir al gobierno de Guanajuato, encabezado por el panista Juan Manuel Oliva Ramírez, garantías al respeto, la protección y los derechos de las mujeres vulnerados con la aprobación de la reforma al artículo 1º constitucional que protege la vida desde el momento de la concepción.

En la investigación “La reforma al Articulo 1ª a la constitución de Guanajuato es regresiva, discrimina y violenta los derechos humanos”, el Centro sostiene que el desafío es que se reconozcan los derechos sexuales y reproductivos desde la laicidad, es decir, desde la autonomía de lo político frente a lo religioso y para ello se requieren alianzas sólidas desde la diversidad y la ampliación de espacios educativos.

En opinión del CDHVD, las 17 reformas estatales antiaborto que se han aprobado desde diciembre de 2008, representan una “regresividad y violación de derechos humanos que viven las mujeres”, en especial en Guanajuato con una de las reformas más duras.

En esa entidad, el aborto puede alcanzar una pena de 6 meses a 3 años de prisión, y de entre diez y 30 días de salarios mínimos de multa a la mujer que lo provoque o lo consienta, como se establece en el Artículo 159 del Código Penal del estado. El artículo 163 señala que la interrupción del embarazo no es punible cuando sea imprudencial o culposo, o cuando sea causa de violación.

HISTORIA

A partir del avance para una maternidad libre y voluntaria, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal despenalizó en abril de 2007 el aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación, el Partido Acción Nacional (PAN) inició una “revancha”.

Esa ofensiva contra los derechos a decidir de la mujer, se comenzó a manifestar en Morelos, Baja California, Colima, Sonora, Quintana Roo, Guanajuato, Puebla, Jalisco, Nayarit, Yucatán Campeche, Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca. Chiapas, Durango y Veracruz, estados en donde se han aprobado reformas que penalizan el aborto, abunda el Centro.

El 26 de abril de 2007, la fracción parlamentaria panista local, presentó una iniciativa de reforma para garantizar la vida de las personas desde el momento de la concepción”, es decir, reconocer ese derecho en el producto y “penalizar sin excepción el aborto”.

La iniciativa, fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales donde permaneció por más de dos años, hasta que el 6 de mayo de 2009 fue dictaminada. El 8 de mayo de 2009 en sesión pública y “sin la intervención, argumentación o debate de algún diputado o diputada” la reforma fue votada y aprobada por unanimidad, documentó el CDHVD.

Como se trató de una reforma constitucional, también tenían que aprobarla la mayoría de los 46 ayuntamientos como lo establece el Artículo 143 de la Constitución de Guanajuato. De estos no la aprobaron 15 municipios entre los que se encuentra Yuriria, sin embargo en el conteo del Congreso se contabilizó “como si lo hubiera hecho”.

El 26 de mayo de 2009, la reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación y hoy en el Artículo 1º de la constitución local se lee: “Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural; y el Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos”.

LAS AUTORIDADES NO OYEN

Ante ello, diversas organizaciones civiles en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y el CDHVD apoyaron acciones y medidas de impugnación para echar atrás esta reforma, sin que hasta el momento haya resultados.

Entre estas hubo una apelación a la figura de Alerta de género por agravio comparado establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y una solicitud de veto al gobernador de Guanajuato Juan Manuel Oliva Ramírez.

Además, el 5 de noviembre de 2009, organizaciones integrantes de la Red por los Derechos para Todos y Todas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su preocupación por esta “grave situación de violencia institucional contra las mujeres en México”.

También se exhortó a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG), ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que interpusieran acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En cuanto a la CNDH y la PGR, hay que recordar que en 2007 sus titulares, José Luis Soberanes Fernández y Eduardo Medina Mora Icaza, respectivamente presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN para solicitar la invalidez de la reforma a favor del aborto en el Distrito Federal, y éste organismo falló a favor de las mujeres.

Otro recurso para que las guanajuatenses defiendan su derecho a una maternidad libre y voluntaria, es el amparo para protegerse de la reforma constitucional. Hasta 2009, en la entidad se habían presentado 167 de ellos interpuestos por mujeres de 14 a 49 años de edad.

10/PRA/LR

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