A cuatro años de la explosión ocurrida en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, donde perdieron la vida de 65 mineros que quedaron atrapados en el yacimiento, la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la Cámara de Diputados buscará reabrir la averiguación previa, y que se realicen las diligencias necesarias para determinar la responsabilidad sobre el accidente.
En la sesión de este jueves en San Lázaro, el diputado perredista Ramón Jiménez López presentó un punto de acuerdo que propone exhortar al Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, a que acepte la recomendación 64/2008 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ( CNDH), «por las deficiencias en que incurrió la dependencia durante las indagatorias para determinar las causas de la explosión en la mina».
En la iniciativa turnada a la Comisión de Derechos Humanos, el diputado indicó que la CNDH estableció en su recomendación, que el Ministerio Público de la federación no actuó con diligencia para la pronta y debida procuración de justicia.
Además de que determina que era necesario que ingenieros en minería realizaran un peritaje de la mina 8, que incluyera las condiciones de operación y seguridad al momento, y antes del siniestro.
El legislador subrayó la necesidad de realizar un peritaje de química, a fin de buscar e identificar sustancias explosivas, «para lo cual se debería de terminar con las operaciones de desescombro, rescate de cadáveres y desgasificación en el interior de la mina, ninguno de estos peritajes ha sido realizado por la PGR».
Lo anterior se da en el marco de una demanda presentada esta semana en una corte federal de Estados Unidos contra Grupo México y sus compañías asociadas en la que se les acusa de daños y perjuicios.
Las viudas y familiares de los mineros fallecidos hace cuatro años en la explosión de la mina de carbón de Pasta de Conchos, informaron que la demanda fue presentada por la Unión de Trabajadores del Acero en una corte de distrito de Phoenix. Fue presentada en Estados Unidos, por considerar que en México no existe el lugar apropiado para llevar el caso.
De igual manera, el 16 de febrero ante la falta de justicia que durante cuatro años han buscado, sin que hasta el momento se hayan fincado responsabilidades entre los funcionarios culpables de la tragedia, 253 familiares directos de 28 de los 63 mineros, cuyos restos siguen bajos los escombros, entregaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con esta petición al máximo tribunal en impartición de justicia de la región, las y los deudos buscan que la CIDH recomiende al Estado mexicano que se recuperen los restos de los carboneros, esclarezca los hechos, sancione a los responsables, repare el daño cometido por las instituciones gubernamentales y garantice que la tragedia de Pasta de Conchos no se repetirá.
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