El temor a una hambruna generalizada es cada día más real para las 12 mil 300 personas desplazadas por la guerra, en la que desde hace siete años viven los indígenas en el estado de Chiapas, mientras las autoridades estatales y federales únicamente se dedican a administrar el conflicto.
Tal es el balance que presentó hoy el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, y Marina Patricia Jiménez, del Centro Fray Bartolomé de las Casas, al dar a conocer su informe Caminando hacia el amanecer. Memoria, resistencia y esperanza de los desplazados de guerra en Chiapas, producto de la investigación de esta organización en los seis municipios más conflictivos de esa entidad.
Caminando hacia el amanecer recoge las experiencias de un grupo de derechos humanos mientras acompaña a las comunidades indígenas desplazadas desde 1994, dándoles asistencia legal y sicosocial, de donde Marina Patricia Jiménez concluye que la falta de soluciones, de diálogo y de justicia para las poblaciones desalojadas evidencian una «grave implicación del Estado actual.»
A casi una década de padecer, las comunidades desplazadas pasan hambre, carecen de techo, de escuelas o de médicos; además del despojo de su tierra por el creciente número de paramilitares que extorsionan a las poblaciones ya de por si depauperadas.
A este respecto, la maestra en antropología social calculó que actualmente hay en Chiapas alrededor de cinco mil paramilitares, los cuales después de la masacre de Acteal, en 1997, han buscado ser menos visibles y por lo mismo han dejado de usar cualquier tipo de uniforme.
Igualmente precisó Patricia Jiménez a cimacnoticias que para las desplazadas resulta todavía más gravoso recuperar sus tierras, dado que las leyes no favorecen la propiedad de las mujeres.
Por otro lado Michael Chamberlain, también del Fray Bartolomé de las Casas, aclaró que en todo el estado se registran hasta 50 mil personas desplazadas por diferentes motivos: religiosos, agrarios o partidistas.
Su organización, acotó, se aboca al acompañamiento de indígenas desplazados por la guerra; táctica a la que calificó como una estrategia contrainsurgente.
A la presentación del informe también acudió un grupo de desplazados de Ocosingo, Marqués de Comillas, Tenejapa, Tila Cintalpa, Salto de Agua, Sabanilla y Villa Corzo, quienes exigieron «castigo a paramilitares, compra de tierras o reubicación en lugares donde tengamos seguridad para nuestras familias y pago de las indemnizaciones», lo mismo que se cumpla con los acuerdos de San Andrés.
De nueva cuenta Patricia Jiménez aclaró que todas las mujeres indígenas declinaron la invitación a venir a la Ciudad de México por el número de horas que les implica viajar desde sus comunidades alejadas, además de ser las principales responsables de niñas y niños.
Cabe señalar que el mayor volumen de desplazados (cerca de nueve mil) es consecuencia de la matanza de Acteal, donde 45 personas fueron asesinadas por paramilitares de la agrupación Paz y Justicia el 22 de diciembre de 1997; 32 de ellas mujeres.
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