Luego de externar su preocupación sobre el caso de la señora nahua Ernestina Ascencio Rosario, Amnistía Internacional (AI) aseguró hoy que las investigaciones y actuaciones por parte de las instancias que se vieron involucradas son contradictorias, además de que existe un enrarecimiento al final de las posiciones y resultados sobre el asunto.
Por ello, la organización consideró necesario que las autoridades estatales hagan una investigación imparcial y exhaustiva, «pues para nosotros no está resuelta la indagación».
Esta mañana, en la presentación del Informe anual de la organización «El estado de los derechos Humanos en el mundo», Liliana Velásquez Ramírez, presidenta de AI México, dijo que la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sólo dio pie a dudas sobre los resultados de las conclusiones, lo que puede restarle en cierta medida credibilidad al organismo.
«La actuación de la CNDH pareció haber reemplazado la función del Ministerio Público y convalidó la actuación militar. Si la CNDH no garantiza su independencia e imparcialidad puede perder credibilidad», indicó.
Durante la conferencia, las diputadas perredistas Maricela Contreras Julián, Valentina Batres Guadarrama y Alliet Bautista, integrantes de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, entregaron a AI una carpeta del informe y la valoración del proceso de investigación que realizaron la Procuraduría de Veracruz y la CNDH en el caso de Ernestina.
La entrega de esta información, anunciada en días anteriores a Cimacnoticias por Batres Guadarrama, llegará también al Alto Comisionado de la ONU en Nueva York, Human Right Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),.
Luego de recibir el material de manos de las legisladoras, Velásquez Ramírez aseguró que lo haría llegar a los investigadores de AI en Londres para que se hagan cargo del caso y que se realicen las investigaciones pertinentes.
Sin embargo, la serie de violaciones a mujeres por parte de militares que han venido sucediendo, como en el caso de Ernestina, son abusos de los cuales Felipe Calderón tendría que hacerse responsable, pues es él, en su calidad de jefe de Estado, quien está usando y ordenando al Ejército que entre a estas comunidades y combata al narcotráfico, dijo a Cimacnoticias Velásquez Ramírez.
Asimismo aseguró que Calderón, además de responsabilizarse, debe buscar las medidas necesarias que protejan a aquellas personas que pueden ser víctimas de abuso por parte de los militares. Y las mujeres son el grupo más vulnerable, particularmente las indígenas y las que se encuentran dentro de los grupos marginados.
Por ello AI teme que sigan aumentado los casos de mujeres violadas por miembros del Ejército, argumentó.
Velásquez Ramírez, dijo que AI considera que los tribunales militares deben cambiar su código para así permitir que los abusos cometidos contra las y los ciudadanos puedan ser pugnados por tribunales civiles.
Con ello, subrayó, se daría una muestra de imparcialidad y de que los tribunales militares están abiertos a que sean juzgados cuando cometen abusos de derechos humanos y de no ser así se crearía «una formula de impunidad».
Desde hace varios años AI tiene una marcada preocupación sobre la intervención de militares, pues aún cuando existe el reconocimiento de que el gobierno tiene la facultad y la responsabilidad de garantizar el orden público y la seguridad, la organización ha visto la extensión del uso de las fuerzas armadas en funciones policiales, incluso, cuando no están capacitadas ni diseñadas para tales funciones, dijo Velásquez Ramírez durante la conferencia.
Con lo anterior «se corre el riesgo de que surjan graves violaciones a los derechos humanos», dijo.
Asimismo, señaló que utilizar un brazo tan importante del Estado como es el Ejército para combatir la inseguridad o el narcotráfico no es lo más adecuado, debido a que no existe un sistema que obligue a las autoridades a llevar a los responsables de los abusos de derechos humanos ante la justicia.
Esto representa «un leguaje y un mensaje peligroso para los derechos humanos, toda vez que no se está garantizando que durante los proceso que se lleven a cabo haya un marco que les brinde la protección necesaria», finalizó.
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