El gobierno federal tendría que replantear su política de combate a la delincuencia organizada y debe proponer una estrategia distinta para alcanzar las metas en ese sentido, afirmó aquí la diputada federal Marina Arvizu Rivas.
En entrevista con Cimacnoticias, la coordinadora del Grupo Parlamentario Alternativa, indicó que Felipe Calderón tiene un objetivo claro: acabar con la delincuencia organizada y en esa lucha emplea a las fuerzas armadas. Sin embargo, «su vista periférica no le da para ver las consecuencias secundarias de utilizar esta política pública como su principal elemento para poner orden en el país».
Por ello, la legisladora federal sostiene que en la lucha contra el narcotráfico «se necesita más que eso (el empleo del Ejército Mexicano), demanda de una política integral, de hacer un plan de beneficio para todas y todos y donde menos gente salga lesionada».
Por ahora, abundó, hay muchos elementos que se entremezclan para genera un clima de violencia en todo el país: por un lado la delincuencia organizada comete asesinatos y violaciones; por el otro, se registran violaciones a los derechos humanos por parte de elementos de los cuerpos de seguridad o del Ejército mexicano.
La legisladora hace entonces el recuento: hemos visto la comisión de actos ilícitos, como sucedió en Castaños, Coahuila, donde un grupo de militares violaron a trabajadoras de la zona de tolerancia, o lo que pasó después en Zongolica y ahora en Michoacán. Reitera que la estrategia debe cambiar.
Considera urgente la sensibilización a los integrantes del Ejército, para que tengan capacidad, posibilidad y herramientas para generar una cultura de paz y armonía en las sociedades donde se destacamentan, pues de lo contrario «algunos malos elementos» seguirán contribuyendo al desprestigio de las fuerzas armadas.
Por lo tanto tendría que haber una revisión puntual, objetiva, conciente y congruente del gobierno federal, «que se replanteé qué es lo que sigue, porque como vamos yo no veo pies ni cabeza y lo que sí veo es que el índice de violencia ha aumentado por muchas razones, pero éste es uno de sus elementos más grande».
CASO CASTAÑOS
La diputada federal, quien se entrevistó ayer con las representantes legales y coadyuvantes ante el Ministerio Público de 11 de las mujeres violadas por militares del 14 Regimiento Motorizado destacamentado en Múzquiz, demandó un mayor acompañamiento de la ciudadanía, la sociedad organizada y del propio Estado para que haya justicia.
Confió en que el juez de la causa ?Hiradier Huerta- tome una decisión apegado a derecho y que esté sustentada en todas las pruebas presentadas tanto por la defensa como por las abogadas de las mujeres.
07/SJ/GG
