Felipe Calderón «ha permitido y fortalecido la concepción de que la violencia es un valor», en lugar de «reconocer y respetar las diferencias entre los sexos, sin forzar el perdón o la denuncia, para construir verdadera ciudadanía».
Así lo afirmó Alicia Pérez Duarte coordinadora del Núcleo Multidisciplinario por el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Cecilia Loria Saviñón, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien participó recientemente en el Seminario Nacional sobre Modelos de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia contra las Mujeres, llevado a cabo en esa casa de estudios.
El Ejecutivo, dijo la ex fiscal Pérez Duarte –quien asumió la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres (Fevim) el 16 de febrero de 2006 y renunció a ella el 14 de diciembre de 2007—justifica las urgencias de otros temas, para no tocar el de la violencia contra las mujeres.
Esto a pesar, dijo, de que la violencia de género es una problemática «grave», ya que en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, en 2006, 3 de cada 5 mujeres, es decir más de 30 millones de ellas, sufren violencia familiar.
Pero Calderón pone en la misma balanza las acciones de seguridad en contra del narcotráfico y la violencia hacia las mujeres, cuando son dimensiones distintas del mismo problema: la violencia, que no debe combatirse con «balas» sino con un cambio en las mentalidades.
RAZONES INCOMPRENSIBLES
Sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la doctora Pérez Duarte afirma que, después de dos años de su entrada en vigor, aún no opera «como se debe» debido a resistencias culturales y de las autoridades de los tres niveles en el país: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aún cuando afecta a 3 de cada 5 mujeres en el país.
Asimismo, explicó que para no echar a andar la norma que protege a las mujeres de la violencia familiar y otros 7 modalidades de violencia, entre ellas la laboral y docente, el Poder Judicial «alega falta de reglamentación y no es cierto, hay un reglamento federal y hay estatales, además de las legislaciones estatales, pero es la única norma que por falta de Reglamento no aplican. Son razones incomprensibles».
Argumentan también, dijo, que por elementos subjetivos como «desamor», reforman en vez de trabajar en su aplicación, cuando hay normas que operan con elementos de esta naturaleza. Sin embargo, los representantes de este poder se centran en ello para «justificar la no aplicabilidad porque va en contra de sus propias formas de ser».
Y añadió que la violencia familiar, contrario a la creencia común, no sólo se queda en el ámbito privado, donde las afectadas en primer lugar son las mujeres, seguidas de sus hijas e hijos, sino que alcanza el ámbito público, porque «también estamos hablando de que cada 3 de cada 5 hombres son agresores, que agreden a otras personas fuera de sus casas».
En tanto, el legislativo, aseguró la ex fiscal, «está más preocupado por hacer una reforma grandísima, absolutamente inútil y contraria a toda técnica. En vez de dar seguimiento a la aplicación de la Ley y de su reglamento», restándole fuerza a la norma.
PRESIÓN INTERNACIONAL
En este sentido, Rosa María Álvarez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, refirió que si bien hace falta voluntad política para erradicar la violencia hacia las mujeres, también «hace falta voluntad social y presión internacional para modificarla», porque es asunto de todas y todos.
Para atacar este problema, el cual, dijo, no es particular de las naciones en desarrollo, sino generalizada, se requiere un marco jurídico y educar de manera no violenta a las nuevas y presentes generaciones.
De acuerdo con la investigadora la educación es uno de los elementos fundamentales para generar cambios en la sociedad. «Enseñar a nuevas generaciones a solucionar por la vía pacífica sus conflictos es una manera asertiva de enfrentar esta problemática.»
Por otra parte, lamentó que los distintos tipos y modalidades de violencia que establece la LGAMVLV no se puede medir porque no hay un sistema de recopilación de datos «confiables».
Y está falta de información estadística y también el «vacío jurídico» se debe a que la sociedad «apenas» comienza a identificar la violencia de género, pues, aseveró, que los cambios culturales van a paso lento, ya que se trata de prácticas «enraizados en nuestra sociedad, que sigue siendo patriarcal y machista, que poco tendremos que ir erradicando a través de educación».
09/GCJ/GG
