Cambiar política económica para abatir informalidad

México debe reorientar su política económica y laboral para generar empleos formales que garanticen acceso universal a la seguridad social a los 29.3 millones de personas ocupadas en la informalidad, de las cuales 11.3 millones son mujeres.
 
Con base en la información recién difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según la cual 6 de cada 10 empleos son informales, Carmen Ponce, economista experta en temas de género, consideró como muy grave que “un número tan grande de personas” labore sin derechos mínimos.
 
En declaraciones a Cimacnoticias, la experta dijo que es “lamentable” que más de la mitad de las y los trabajadores se ocupe sin contrato, prestaciones y sobre todo sin seguridad social, lo que les impedirá acceder a una pensión cuando lo necesiten.
 
Ponce refirió que las mujeres en la informalidad trabajan sobre todo en micronegocios y en la pequeña empresa, mientras que otras están subcontratadas en empresas formales.
 
En el empleo informal se ocupa el grueso de los 7.8 millones de jefas de familia en México, ya que 8 de cada 10 mujeres en esta situación carece de seguridad social.
 
Según  el Inegi, hasta el tercer trimestre de 2012 de los 29.3 millones de personas ocupadas en la informalidad, 14.2 millones estaban en el sector informal (como el comercio ambulante), 2.1 millones en el trabajo del hogar, 6.2 millones en el ramo agropecuario, y 6.8 millones laboraban en empresas, gobierno e instituciones.
 
El instituto reportó que las entidades federativas con menores proporciones de empleo informal son Baja California Sur (41.6 por ciento), Chihuahua (42.8 por ciento), y Nuevo León (43 por ciento). Mientras que los estados con tasas más elevadas son Oaxaca (80.8 por ciento), Guerrero (80.8 por ciento), y Chiapas (76.5 por ciento).   
 
Al respecto, Ponce refirió que en esas entidades con más personas en la informalidad, 80 de cada 100 mujeres carece de servicios de salud.
 
La activista indicó que es preciso un cambio en la política económica y laboral, para mejorar las condiciones de trabajo de los casi 30 millones de personas en la informalidad.
 
Para empezar, propuso, debe garantizarse el acceso a la seguridad social universal, de modo que sin importar la relación laboral de las y los trabajadores con el empleador tengan acceso a este derecho.
 
Además, las autoridades deben fomentar la generación de empleos formales, aunque esta tarea no será sencilla luego de la reciente reforma a la Ley Federal de Trabajo que “legalizó” formas de contratación (a prueba y por horas) que vulneran la estabilidad en el empleo.  
 
Contar con fuentes de trabajo formales que garanticen protección social es un “piso mínimo” que ayudaría a reducir la pobreza en el país, según un análisis del Banco Mundial (BM) sobre el empleo en México.
 
En su reporte, publicado en octubre pasado, el BM informó que 62 por ciento de las y los trabajadores estaban en la informalidad, y criticó que el gran pendiente en el país es mejorar la calidad del empleo.
 
Hay que recordar que hasta el pasado 11 de diciembre, el Inegi se centraba en el conteo de las personas en el sector informal, que este año representó 29.2 por ciento de la fuerza de trabajo, y no consideraba a las personas ocupadas en otros sectores que tenían las mismas carencias de seguridad social y prestaciones.  
 
Ahora, con la “medición ampliada” realizada por el instituto, la informalidad se ubicó en 60.1 por ciento, muy cerca de la estimación realizada por el BM.
 
Carmen Ponce calificó como un avance que luego de la “presión” de organismos como el BM, la Organización Internacional del Trabajo y ONU Mujeres, el Inegi mida y reconozca la cantidad de personas que están en esa “situación de desventaja”.
 
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