Campaña de misivas para que PGR repare daño a indígenas

Organizaciones civiles lanzaron una campaña para exigir que la Procuraduría General de la República (PGR) cumpla la reparación del daño a las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, encarceladas injustamente por el supuesto secuestro de seis policías federales en 2006.
 
Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) exigieron a la PGR que cumpla con las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administración (TFJFA) el 20 de noviembre de 2013 (a favor de Teresa y Alberta) y el pasado 28 de mayo (en beneficio de Jacinta), en las que ordena ofrecer una disculpa pública e indemnizar por daños materiales y morales a las tres indígenas.
 
El llamado de las organizaciones se da ante la posibilidad de que, como sucedió en el caso de Alberta Alcántara y Teresa González, la PGR apele también la sentencia favorable a Jacinta, lo que supondría dilatar la justicia que la indígena ha reclamado desde 2006, año en que fue encarcelada por un delito que no cometió.
 
En un comunicado, AI y el Centro Prodh expusieron que el próximo 7 de julio vence el plazo para que la PGR pueda recurrir la sentencia del caso de Jacinta, es decir interponer un recurso legal para anular la reparación del daño.
 
Como parte de la campaña, las organizaciones pidieron enviar cartas al procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para pedirle que retire los recursos que niegan la reparación del daño a Alberta y Teresa, y no interponga uno más en el caso de Jacinta. 
 
Las tres mujeres otomíes fueron acusadas injustamente el 26 de marzo de 2006 y encarceladas por el supuesto secuestro de seis miembros de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), durante un desalojo a comerciantes en el estado de Querétaro.
 
No obstante, por las irregularidades en el proceso Jacinta fue liberada en septiembre de 2009 luego de que la PGR presentó conclusiones no acusatorias contra ella, mientras que en abril de 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de Alberta y Teresa.
 
Tras salir de prisión, las tres mujeres han demandado la reparación del daño, pero el pasado 25 de febrero la PGR se negó a cumplir esa obligación con el argumento de que después tendría que indemnizar a miles de personas que son liberadas por ser inocentes.
 
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