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Campaña para visibilizar criminalización de las mujeres

Por la Redacción

Los aspirantes a la Presidencia y demás candidatas y candidatos que buscan un cargo de elección popular, deben pronunciarse claramente sobre las acciones que emprenderán contra la criminalización del aborto, a fin de que al ocupar un puesto de decisión garanticen el derecho de las mujeres a la maternidad libre y voluntaria, y al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.

La Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (Andar), como parte de sus acciones por el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, lanzó una campaña informativa en ocho estados del país para visibilizar a las mujeres que son estigmatizadas, y tratadas como criminales por ejercer su derecho a interrumpir un embarazo.

Con los lemas “con la vida de las mujeres no se juega” y “con tu voto exige que esto cambie”, la campaña consta de un video con duración de 52 segundos, en el que se denuncian las condenas que sufren las mexicanas por realizarse un aborto, tales como trabajos comunitarios, pago de elevadas multas y el trato que reciben como si fueran criminales. El video se difunde en www.andar.org.mx.

En un comunicado, la organización civil advirtió que la criminalización de la interrupción del embarazo provoca que las mujeres se practiquen abortos inseguros y arriesguen su vida al acudir a lugares no adecuados.

Andar aclaró que en México el aborto es legal en casos de violación sexual y que en los estados existen causales legales de aborto que varían según la legislación local.

Luego de que en abril de 2007 la Asamblea Legislativa del DF despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación, vino una ola de contrarreformas a las constituciones de 17 estados del país para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”.

Tales modificaciones legales provocaron un clima de persecución y señalamiento hacia las mujeres que se atreven a ejercer su derecho a interrumpir un embarazo.

Ellas han sido tratadas como criminales cuando acuden a hospitales por complicaciones de un aborto, y en varios casos han sido denunciadas por los prestadores de servicios, abundó Andar.

En otros casos, las mujeres son obligadas a pagar fianzas muy altas y en algunos estados les dan la alternativa de someterse a un tratamiento psicológico integral para no ser enviadas a la cárcel.

De acuerdo con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, los Estados parte deben aplicar estrategias que garanticen el derecho de las mujeres a “decidir libre y responsablemente el número de hijos, el intervalo de los nacimientos y a tener acceso a información, educación y medios que les permitan ejercer estos derechos”.

Andar consideró que esas acciones deben incluir el acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva que abarque una amplia variedad de anticonceptivos, información sobre los riesgos de los abortos no seguros, y campañas de sensibilización sobre los Derechos Humanos de las mujeres dirigidas a personal de salud, procuración de justicia y público en general.

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